La memoria también cuenta con un análisis del fiscal especialista en Ordenación del territorio y patrimonio, Antonio Roma, en el que reprocha la poca atención que ponen los ayuntamientos en conservar el patrimonio arquitectónico y los núcleos históricos. Asegura este fiscal que el comportamiento de algunos gobiernos municipales resulta "totalmente censurable", al "dejar hacer sin conceder ni denegar licencias", que los particulares "destruyan yacimientos, derriben edificios singulares o edifiquen en suelo protegido".
Antonio Roma sostiene que hay ayuntamientos que, concedan o no licencias, no vigilan luego las consecuencias que las obras puedan tener sobre el patrimonio histórico, y por ello reclama una reforma del Código Penal para que se pueda imputar a los responsables municipales por el delito de omisión cuando no vigilen el urbanismo.
