Los concellos afrontan el año previo a la cita con las urnas para determinar la composición de sus corporaciones y, por tanto, la elección de sus alcaldes prácticamente libres de ajustes económicos para cuadrar sus cuentas, al tiempo que contarán con la autorización para reinvertir los 150 millones de euros de superávit que tienen con menos restricciones que hasta ahora. Durante el primer trimestre del año, apenas cinco ayuntamientos y una diputación remitieron informes sobre sus desfases contables a la Consellería de Facenda, responsable de la tutela financiera de las entidades locales para que estas cumplan los requisitos económicos impuestos por el Gobierno en el control del déficit y el endeudamiento, así como en el pago de sus facturas dentro de los plazos legales. Hace dos años, la cifra era de 130 instituciones.
La Consellería de Facenda ejerce una función de tutela sobre las cuentas municipales, en virtud de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, a modo de delegado del Gobierno central, a quien competen las sanciones por incumplir las normas contables. Estas se modificaron sustancialmente en 2012, fecha de entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que impuso el control del déficit público, el pago de la deuda como prioridad -PP y PSOE pactaron un cambio en la Constitución para consagrar ese precepto- y la asunción de la regla de gasto: no aumentar el desembolso público por encima del crecimiento económico. Además, debe respetarse el pago de facturas en el máximo legal de un mes.
Los municipios y diputaciones que incumplían esos preceptos debían informar a Facenda sobre sus planes de ajuste para enderezar su rumbo económico, so pena de medidas más duras que podían derivar incluso en la intervención de sus cuentas por parte del Ministerio de Hacienda.
El año 2016 se cerró con 130 entidades locales informando a la Xunta de su situación, de las que 62 eran conminadas a aplicar planes de ajuste para agilizar sus pagos a proveedores y sanear sus presupuestos El pasado septiembre, incluso reclamó a 28 municipios por segunda vez la relación de medidas económicas a aplicar. Sin embargo, la situación se ha encauzado a un año de la cita con las urnas de los municipios para renovar las corporaciones elegidas en mayo de 2015.
El último informe sobre la tutela financiera municipal analiza el primer trimestre del presente ejercicio y apenas constan municipios en su lista. Por orden del Ejecutivo central, se solicita a Ortigueira un informe sobre su "desviación de la regla de gasto", así como a Fornelos de Montes y a Chandrexa de Queixa por sus operaciones de endeudamiento, en el primer caso, y de actuaciones para garantizar su "sustentabilidad financiera".
Además, remitieron informes sobre morosidad Guitiriz y la entidad menor de Pazos de Reis; sobre sus operaciones de endeudamiento, en el caso de Pontevedra; y sobre sus modificaciones presupuestarias, en el caso e la Diputación de A Coruña.
Se trata del menor número de entidades bajo lupa de las administraciones central y autonómica del mandato municipal actual, a falta de un año para cita con las urnas, si bien en ese período variará un aspecto clave en esta tutela. A partir del mes que viene, todas las administraciones tendrán un mes menos para pagar facturas. El tope de 30 días se mantiene, pero comenzará a contar desde la recepción de la factura, no un mes después de ello, como ha sucedido hasta ahora.
