La Ley de Montes establece con carácter general que después de que un incendio arrase un terreno, el uso del suelo no se puede modificar por un periodo de 30 años. Pero pese la vigencia de esta prohibición, hay particulares que lo hacen. Así, la Policía Autonómica tramitó el pasado año un total de 269 denuncias contra dueños por modificar el uso de las tierras tras ser estas devoradas por las llamas. En cinco años fueron más de 700 los expedientes abiertos por este tipo de infracción.
Se trata de una cifra en aumento, bien porque los propietarios persisten en este comportamiento ilegal o bien porque se ha intensificado la labor de inspección y control frente de la actividad incendiaria. Lo cierto es que los 269 expedientes suponen un incremento del 44% con respecto a las 186 denuncias del año 2016, según los datos recogidos en la memoria de la Policía Autonómica.
Pero esta tendencia alcista en todavía más acentuada si se compara con años anteriores. Así, en 2015 se cursaron 179 expedientes, por los 48 de 2014 o los 23 de 2012. Entre este último año y 2017 se ha multiplicado por once el número de denuncias. Estos expedientes responden a "inspecciones realizadas en zonas anteriormente quemadas para impedir que, sin los preceptivos permisos, se haga un aprovechamiento forestal, urbanístico, agropecuario... de suelo quemado", detalla la unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia.
El 84,8% de los incendios registrados el pasado año en la comunidad gallega fueron intencionados, según la Xunta, lo que significa quince puntos por encima del nivel alcanzado en 2016. Respondieron a este tipo 2.753 de los 3.249 fuegos contabilizados. Y entre las motivaciones que figuran en el capítulo de intencionados está la de quemar el terreno para cambiar el uso del suelo. De hecho, la Policía Autonómica lo sitúa como la tercera razón, tras los comportamientos relacionados con la piromanía y el alcoholismo. Pero la lista es larga e incluye también el cambio de cultivos, la limpieza del monte para la caza, el ahuyentado de animales que causan daños en los frutos, la delimitación de fincas, repartición de herencias, litigios entre vecinos, venganzas o incluso para forzar puestos de trabajo en las actividades de extinción de incendios.
Como segunda causa, la investigación policial señala las negligencias, responsables de un 7% de los incendios: escapes de quemas controladas de restos agrícolas o forestales, trabajos con maquinaria o con soldadura, fuegos pirotécnicos, barbacoas o quemas en vertederos.
Además de las denuncias por cambio de uso del suelo, también se cursaron otras 1.472 por no tener limpias las franjas de seguridad alrededor de urbanizaciones, casas o instalaciones industriales, una cifra muy similar a la registrada en los años anteriores.
El año se cerró con 3.249 incendios, una cifra inferior a la de ejercicios anteriores que la Policía Autonómica atribuye a la prevención proactiva, a la investigación de campo y a las labores de divulgación ciudadana. "A pesar de la gran alarma social que se produjo en 2017 por la oleada de incendios que asoló Galicia en la semana del 9 al 15 de octubre, este año ocupa la sexta posición por menor número de fuegos en el histórico de los últimos 27 años, con 3.249 incendios registrados, quedando por debajo de la media de este decenio, que fue de 3.406", se indica en la memoria de la Policía Autonómica.
