El Parlamento gallego aprobó ayer una propuesta para intentar acabar con la discriminación fiscal de que son objeto las herencias del extranjero, que por su tributación pueden resultar 16 veces más caras que las tramitadas en Galicia. La iniciativa partió del PP y contó con el respaldo del PSOE y del BNG, mientras que En Marea optó por la abstención por considerarla electoralista.

Lo que se reclama es que a todas las herencias en las que haya implicados gallegos, bien por residencia o por sede de los bienes, se les aplique la normativa autonómica, que exime del pago de impuestos por legados inferiores a los 400.000 euros y beneficia al 99% de la población. Porque los que residen fuera de la UE no se benefician de esta rebaja, lo que afecta sobremanera a Galicia, debido a que el grueso de su emigración fue Latinoamérica.

Ahora mismo, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, las herencias y donaciones en vida producidas en todos los países de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega se rigen por la normativa de cada comunidad autónoma. Pero no así en todos los demás países del mundo, donde para esos casos se aplica una normativa estatal que es mucho más cara.

Como ejemplo de esta discriminación fiscal está el que puso el diputado del PP José González Vázquez, encargado de defender la propuesta. Por una herencia de 500.000 euros de Argentina, el destinatario residente en Galicia tendría que pagar 106.000 euros en impuestos, mientras que la tributación sería solo de 6.000 euros si la herencia tuviera su origen en cualquiera de los países de la UE.

Además, la recaudación por estas herencias o donaciones va para el Estado y no para la comunidad donde reside el afectado. Fueron 15 millones en los dos últimos años, según los datos aportados por José González. Por eso, además de reclamar un trato fiscal igualitario, también se pedirá que la recaudación se destine a las arcas autonómicas.

Este cambio legislativo, añadió el diputado del PP, afecta a "un número importante de gallegos" que residen en el exterior. Por ello, defendió la necesidad de que en todos los casos, "esté en donde esté la persona implicada" tributen conforme a la normativa autonómica y se ceda a Galicia la recaudación. "Debemos trasladar con la mayor fuerza esta petición al Gobierno", destacó González Vázquez, apelando por ello al respaldo de las demás fuerzas parlamentarias.

Pero En Marea se abstuvo. Carmen Santos afeó a los populares que no reclamasen esta medida en las ocasiones en que "tuvo la posibilidad" de hacerlo y calificó la medida de "propaganda" para "hacer campaña en países en donde viven emigrantes que les votan".

La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo consideró positivo que "se trate en igualdad de condiciones" a los gallegos "independientemente del lugar en el que viven", pero tirando de sarcasmo, preguntó a la bancada popular si el Estado ya les levantó "el veto" y dará el visto bueno a este acuerdo después de que rechazase otras medidas aprobadas en la Cámara gallega como la demanda de la transferencia de la AP-9.

Por el BNG, Noa Presas justificó su apoyo al asegurar que esta iniciativa "implica beneficiar a muchas personas y racionalizar la gestión de un tributo". Pero matizó que para "avanzar en recaudación y en autonomía financiera" el PP debería demandar la transferencia de más impuestos.