La presidenta del Congreso, tiene previsto convocar esta semana una reunión informal con los portavoces de los grupos parlamentarios para desbloquear algunas leyes "congeladas", para ordenar las subcomisiones que se han ido creando, y también para activar la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario del Alvia, en julio de 2013, en el que murieron 80 personas al descarrilar el tren cuando se aproximaba a la estación de Santiago de Compostela.
Así, es más que probable que la presidenta del Congreso, elegida por la provincia de Pontevedra, aproveche para urgir a los portavoces a constituir la comisión de investigación sobre el Alvia, que lleva varada desde el pasado mes de septiembre ante la incapacidad de los grupos de acordar quién presidirá ese órgano, un cargo de notable importancia dado que tendrá la capacidad de decidir la hoja de ruta que seguirá la investigación y qué personas serán las llamadas para prestar declaración.
Precisamente el pasado lunes, la plataforma de víctimas del Alvia registró en el Congreso una carta dirigida a la presidenta de la Cámara en la que le emplazaban a constituir ya la comisión de investigación sobre el siniestro. En todo caso, en esta ocasión y aunque la carta va dirigida a Ana Pastor, la demora en la constitución de la comisión no responde al criterio de la presidenta del Congreso, sino a la falta de acuerdo entre los partidos.
Ese consenso sobre la Presidencia y el resto de miembros es el primer paso para poder constituir la comisión, pero hasta la fecha los grupos parlamentarios han sido incapaces de articular una propuesta. PP y PSOE habían pensado en que la presidiera un miembro de Ciudadanos, pero ante su negativa, lo intentaron primero con el PNV y después con el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. Hasta la fecha, nadie ha querido asumir esta tarea.
En su carta, las víctimas contrastan el retraso en el arranque de esta investigación -sobre un accidente que costó la vida a 80 personas y en el que 144 resultaron heridas- con la celeridad con la que, a su juicio, echó a andar la nueva comisión de evaluación y modernización del estado autonómico, que tuvo su primera reunión solo dos meses después de que el pleno diera el visto bueno a su creación.
Como ya hiciera el pasado septiembre, Pastor quiere subrayar a los portavoces parlamentarios la necesidad de que desatasquen algunas de las proposiciones de ley, la mayoría impulsadas por la oposición, que ya fueron tomadas en consideración por el pleno pero que se encuentran varadas debido a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas que vienen acumulando.
Tareas pendientes
Desde el inicio de la legislatura, el Congreso tiene en barbecho en torno a unas 40 proposiciones de ley, algunas de las cuales están aparcada desde hace más de un año. Tal es el caso de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, cuyo origen se remonta a los años de Gobierno socialista y que esta legislatura está varada desde noviembre de 2016; la subida del Salario Mínimo Interprofesional, parada desde diciembre de 2016; o la suspensión de la LOMCE, que también se encuentra congelada desde ese mismo mes pendiente del Pacto de Educación.
En la nevera también están, entre otras proposiciones, la desclasificación de secretos oficiales, auspiciada por el PNV en noviembre de 2016; o una reforma de la Ley del Indulto impulsada por el PSOE el pasado febrero.
