En plena crisis una de las medidas que causaron más impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos fue el aumento en el copago de fármacos. Tres años después de empezar a aplicarse y tras el varapalo sufrido en las elecciones municipales por el PPdeG, la Xunta decidió dar un giro social a sus políticas, que se concretó en un pacto con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las entidades que conforman la Red Gallega contra la Pobreza. Y una de las medidas estrella de este acuerdo social fue la de conceder ayudas de hasta 120 euros al año para costear el pago de medicamentos a familias con pocos recursos. El Gobierno gallego creó un fondo económico que puso a disposición de los ayuntamientos para que estos gestionaran los subsidios. Pero en su primera convocatoria, que abarcó 2016 y 2017, solo 43 municipios se sumaron a este plan, apenas el 14 por ciento del total de corporaciones locales.
Desde la Consellería de Política Social aclaran que todos los ayuntamientos que solicitaron acogerse a este programa recibieron financiación. "Ninguna demanda quedó sin atender", añaden. Los datos finales con el número de familias beneficiadas por estas ayudas no se harán públicos hasta que se cierre el año puesto que la convocatoria abarcaba desde mediados de 2016 a finales de 2017.
En todo caso, el impacto de esta medida será menor que el anunciado en su momento. La idea inicial de la Xunta era ampliar la exención del copago farmacéutico a 100.000 personas con escasos recursos. En ese momento ya había en Galicia unos 120.000 gallegos que ya no pagaban un euro por los fármacos (perceptores de la Risga, pensionistas no contributivos y parados sin ningún tipo de ayuda ). Su intención era, por lo tanto, prácticamente duplicar esta cifra. El anuncio lo hizo el vicepresidente Alfonso Rueda y la entonces conselleira de Benestar, Beatriz Mato, en junio de 2015, justo después de las elecciones municipales celebradas en mayo en las que el PP perdió las alcaldías de A Coruña, Santiago y Ferrol, además de la Diputación de Pontevedra y A Coruña. Ese año fue el punto de inflexión que hizo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dar un giro social a sus políticas, marcadas hasta ese momento por la austeridad, y que desembocaría incluso en una remodelación de Gobierno meses después de los comicios.
El anuncio de la exención del copago, sin embargo, no se concretaría hasta un año después, en agosto de 2016, y de forma distinta a la avanzada en un principio. La medida que finalmente articuló la Xunta consiste en una subvención de hasta el 40 por ciento de los fármacos -que equivale al porcentaje mínimo que les correspondía abonar hasta ese momento de copago por los medicamentos, de manera que en la práctica no tendrán que pagar nada-,pero con un límite máximo anual por persona de 120 euros, salvo "casos debidamente justificados" en los que se podrá aumentar este tope.
Y los beneficiarios serán hogares, con hijos a cargo, y con unos ingresos de trabajo inferiores a la Renta de Integración Social (Risga). Es decir, en Galicia serían potenciales destinatarios de esta medida unos 36.000 hogares.
Pero no será la Xunta quien gestione estas ayudas sino los concellos que a través de los trabajadores sociales evaluarán las demandas de los solicitantes para acceder al programa. Y el número de ayuntamientos que finalmene se ha incorporado al plan no llega ni al 14 por ciento. Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias ignoran las razones de por qué no se implicaron más municipios.
