El abandono es el mayor enemigo del monte gallego y una de las causas que contribuyen a la proliferación de incendios en la comunidad autónoma. Solo el 10 por ciento de la superficie forestal está ordenada. Y la principal traba para poner en valor el bosque es su minifundismo y la estructura de la propiedad. El 80 por ciento está en manos privadas, pero lo peor es que se desconoce quién es el dueño del 63 por ciento de los montes gallegos. Según las estadísticas de la Consellería de Medio Rural, en Galicia hay un total de 1.279.899 hectáreas clasificadas como de "propiedad desconocida o dudosa". Equivale al 98,2 por ciento del monte que está en manos privadas y a seis de cada diez hectáreas del conjunto de las masas forestales gallegas.
Por eso desde la Xunta creen que "el primer paso en toda planificación forestal" es la identificación de los propietarios de estos montes. La revisión del Plan Forestal, que ayer la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, trasladó a los agentes del sector, contempla la realización de un estudio sobre la propiedad privada individual de los bosques gallegos. "El estudio analizará especialmente aquellas parcelas forestales de propietario desconocido y aquellas de antiguo uso agrícola que hayan adquirido señales inequívocas de su carácter forestal", detalla el documento. Esta investigación se hará, a través de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales de cada distrito "y en posible colaboración con el Catastro". Esta planificación que deberá ser aprobada a nivel de comarca incluirá "un estudio de los aspectos jurídico-administrativos de la propiedad forestal, tales como su titularidad, montes catalogados, proyectos de ordenación e instrumentos de gestión vigentes, montes vecinales, mancomunidades y agrupaciones de propietarios".
Pero además de identificar correctamente a los dueños de los montes, hay otra tarea pendiente: definir los deslindes de los montes vecinales. Medio Rural admite que hay "claras deficiencias técnicas que no permiten la localización de estos montes en el terreno y ocasiona inseguridad jurídica y conflictividad social tanto respecto a otras comunidades de montes como a propietarios particulares".
Por esta razón, la Xunta obligará a las mancomunidades a reinvertir parte de sus ingresos en los deslindes del monte, al tiempo que Medio Rural se compromete a arbitrar y tutelar la negociación para llegar a acuerdos sobre la delimitación de estas propiedades.
El Plan Forestal pone cifras también al minifundismo. En Galicia hay más de 672.000 propietarios con una media de 10 parcelas cada uno. Y el 80 por ciento de estos montes mide menos de media hectárea.
Si en lugar del monte, se analizan la totalidad de las fincas rústicas (terrenos forestales, prados, tierras agrarias...), la superficie media de cada parcela en Galicia se reduce a 0,26 hectáreas, es decir, una cuarta parte de un campo de fútbol. De hecho, según datos del Catastro, la comunidad gallega concentra una cuarta parte de todos los titulares de parcelas rústicas de España.
Para contrarrestar este minifundiso, Medio Rural promoverá la constitución de Sociedades de Fomento Forestal. Se marca como objetivo llegar a las 200 en un horizonte de veinte años y agrupar así 40.000 hectáreas.
Esto contribuirá a la ordenación del monte. Actualmente solo hay 210.000 hectáreas que cuentan con algún instrumento de gestión, el 10 por ciento. En cinco años el Plan Forestal aspira a sumar otras 150.000 hectáreas y la meta es que dentro de veinte años haya un total de 850.000 hectáreas de monte ordenadas, el 60 por ciento del territorio forestal de Galicia.
Uno de los puntos más polémicos contemplados en el documento, presentado ayer en el Consejo Forestal, es que los montes vecinales que se encuentren en "grave estado de abandono o de extinción" pasarán a manos del Banco de Tersa. Medio Rural no da cifras de cuantas mancomunidades pueden verse afectadas pero advierte que un 34 por ciento de los montes vecinales carecen de órganos de gobierno, un 10 por ciento no tiene estatutos y otro 10 por ciento no tiene censos de los comuneros.
En materia de incendios, el Plan Forestal propone implantar seguros contra fuegos forestales que cubran la reforestación y el valor de la madera quemada. El Gobierno aún no solicitó las ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños causados por la oleada de incendios que el pasado mes de octubre sufrió Galicia, Asturias y Castilla y León, ya que, según ha apuntado, se encuentra a la espera de documentación de las comunidades autónomas afectadas.
