La Xunta no concedió por voluntad propia ninguna licencia de alquiler de vehículo con conductor (VTC) como las de Uber o Cabify -objeto de polémica en toda España-, pero resulta que en la comunidad gallega hay 147 permisos legales para operar con estos coches. La razón es que todas estas licencias se tuvieron que otorgar forzadas por sentencias judiciales y la previsión, debido a los recursos que hay pendientes en los juzgados, es que la Administración autonómica tenga que conceder todavía más autorizaciones a pesar de excederse ya el límite permitido por la legislación estatal.
En Galicia, las licencias VTC aún no son un problema debido a su bajo número, pero en otras partes de España sí, porque se esperan que los juzgados concedan varios miles de permisos más, arrinconando a los taxis en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
El origen de la polémica está en la ley Ómnibus aprobada por el gobierno socialista en 2009, que liberalizó el sector y dejó sin efecto la limitación de una licencia VTC por cada 30 de taxi. Al principio apenas sucedió nada porque este servicio se consideraba poco menos que un lujo -como uso de limusinas para celebraciones especiales- y no parecía una competencia seria para el taxi. Pero irrumpieron las apps de telefonía móvil que facilitaron la contratación de este servicio que junto con una agresiva política de precios compensaron con creces la prohibición de captar viajeros en la calle.
El Gobierno del PP restableció en 2013 -desarrollado mediante un reglamento en 2015- el límite de un VTC por cada 30 taxis, pero entre 2009 y 2013 hubo un resquicio legal. Las empresas solicitaban permisos, pero las comunidades autónomas, como en el caso de Galicia, no los concedían dado que el marco regulatorio no estaba claro. Ante el auge que cogieron estos servicios en los últimos años, las empresas cuyas solicitudes eran rechazadas acudían a los juzgados y si bien en primera instancia no ganaban, todo cambió con una sentencia del Supremo que sí les daba la razón. Entonces empezó el aluvión de pronunciamientos judiciales que fuerzan a las comunidades a conceder las licencias rechazadas inicialmente. Por este motivo se otorgaron 147 en Galicia a causa de cinco sentencias firmadas en 2013, 2016 y 2017. El caso es que ahora el ratio de licencia VTC por taxi es de 1/25 cuando el límite debería ser 1/30.
Contra esta competencia que los taxis consideran "desleal", doscientos de ellos rodearon el 30 de mayo la sede de la Xunta en San Caetano para exigir medidas. Una de ellas, el control mediante un registro de los coches con licencia VTC.
Precisamente este mecanismo de control se establecerá el reglamento que está preparando la Xunta y que prevé aprobar en octubre. Un registro público incluirá las matrículas de todos los taxis autorizados (3.689 en Galicia) pero también de los coches con licencia tipo Uber, lo que permitirá que los propios profesionales puedan comprobar la legalidad de un transporte cuando alberguen alguna sospecha. Basta con que cotejen el número de matrícula con el listado de vehículos autorizados.
La Xunta también buscará la colaboración con las policías locales para que intensifiquen los controles con el objeto de evitar que vehículos sin licencia operen en Galicia.
