Déficit, gasto y deuda forman la santísima trinidad de las cuentas públicas. La vara de medir del Ministerio de Hacienda desde que en 2012, con la prima de riesgo disparada, entró en vigor la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera que ata en corto el bolsillo de las administraciones para evitar otra etapa de posibles excesos. Con el análisis del pasado ejercicio, el departamento que dirige Cristóbal Montoro concluye que 10 de las 17 autonomías se saltaron alguno de los tres objetivos y acaba de remitirles una carta para que entreguen en el plazo de un mes un plan de ajuste en el presupuesto. Galicia está entre las que recibieron la misiva. A pesar de que lleva años con el déficit y la deuda contenidos, en 2016 superó el techo de gasto. Invirtió 8.334 millones de euros, 312 millones más de lo que podía. La Xunta confirma que presentará el plan exigido, pero descarta "medidas extraordinarias" y arremete con dureza contra la fórmula del Gobierno central para calcular quién aprueba y quién no.
Galicia, defiende la Consellería de Facenda, "es la comunidad de referencia en el control de la estabilidad presupuestaria". En 2016 volvió a ajustarse al límite del déficit. Frente al 0,7% fijado, el desfase entre gastos e ingresos en la Xunta se situó en el 0,54% del Producto Interior Bruto (PIB).
El endeudamiento también fue inferior al previsto. Cerró el año en 10.854 millones de euros, el 18,7% del PIB, una décima (51 millones) por debajo del margen autorizado por el ministerio.
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Si la Xunta está al día con el déficit, que tiene en cuenta la mayoría del gasto, y su deuda no se desbocó, ¿cómo es posible que incumpla la regla de gasto? Porque, a diferencia del déficit, solo incluye parte del desembolso realizado por las administraciones.
La regla de gasto se centra en cómo evolucionaron los recursos propios y deja fuera los intereses de la deuda y los fondos finalistas procedentes de otras administraciones -transferencias de la UE y el propio Gobierno central para fines concretos-, entre otras partidas. La Xunta recuerda que en 2016 se abonaron menos intereses en los préstamos gracias a la rebaja de tipos y la financiación a coste cero del propio Gobierno. Por tanto, había más presupuesto disponibles para la inversión y compensar de paso "los menores fondos europeos certificados" -fue un ejercicio de transición entre el cierre del marco de fondos comunitarios 2007-15 y el nuevo recién abierto- y las igualmente menores transferencias finalistas del Estado "por el impás que supuso la situación de interinidad del Gobierno de España".
En definitiva, la Xunta incurrió en un mayor gasto "computable" a efectos de la regla de gasto, "sin haber gastado más". "Esta superación de la regla de gasto se debe más a la fórmula para el cálculo que a la evolución del gasto total real", insiste la Consellería de Facenda.
El incremento máximo permitido era del 1,8%. Galicia elevó el gasto un 5,8%. Fue la comunidad que más lo subió entre las cinco incumplidoras. Cinco regiones entre las que, sin embargo, están varias de las que acumulan un mayor saneamiento y estabilidad de las cuentas en estos últimos años de crisis. El aumento en Andalucía fue del 5,3%; del 4,2% en Canarias; del 3,8% en País Vasco; y del 2,6% en Murcia.
"Paradójicamente, el resto de las comunidades han cumplido con el objetivo de la regla en 2016, al partir de un dato de gasto base artificialmente alto en 2015 por haber incumplido ese año la regla de gasto y el objetivo de estabilidad", señala Facenda. En otras palabras, tan elevado era el desfase de gasto en 2015 entre las cumplidoras de este año, que en la comparación de años salen ganando. Lo que además explica que Cataluña, con un déficit del 0,93%, o Comunidad Valenciana, del 1,53%, estén entre las que pasan la criba.
Lo de "dato artificial" no es el único calificativo con el que la Xunta se refiere a la regla de gasto. Una fórmula "débil", que "la hace especialmente inestable y arbitraria". Galicia, según fuentes de Facenda, ya "cuestionó" el método en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "pidiendo explícitamente que se reformule su definición técnica".
La elaboración del Plan económico-financiero que corrija el desajuste es para la Xunta "un procedimiento totalmente ordinario". "Conviene recordar -añade- que las 17 comunidades han incumplido la regla de gasto en 2015 o 2016". Facenda destaca que incluso la Administración del Estado lo hizo. Y en los dos ejercicios. "Queda demostrado que la regla de gasto no es un parámetro que refleje el compromiso de las administraciones con la estabilidad presupuestaria -afirma-. Por el contrario, la estabilidad presupuestaria sí se refleja en el cumplimiento de objetivos de déficit y deuda, que Galicia logra y seguirá logrando, y en la mejora constante del periodo medio de pago a proveedores, que Galicia también está efectuando con éxito".
La Xunta rechaza que el ajuste al que le obliga el Ministerio de Hacienda implique una revisión a fondo de sus cuentas para este año. El PEF "reflejará cómo la ejecución presupuestaria habitual llevará a nuestra comunidad a cumplir la antes citada regla a finales de año". "Sin que sean necesario -continúa- tomar ninguna medida extraordinaria al respecto".
Feijóo y Montoro, el duelo financiero
- Hay que rebuscar mucho en la hemeroteca para encontrar una foto del presidente de la Xunta y el ministro de Hacienda, más allá de ocasiones puntuales casi siempre ligadas a actos de Estado. Pero más difícil es todavía dar con una declaración de Alberto Núñez Feijóo o Cristóbal Montoro con las alabanzas que los cargos de igual color político tienden a dedicarse. Quizás es solo casualidad. O, quizás, el síntoma de que el duelo financiero que llevan protagonizando casi desde que los dos son lo que son tiene poco de artificio. A Feijóo no le sentó bien la manía persecutoria de Montoro para que Galicia accediese a financiarse con el FLA desde su creación en 2013. Hacienda sacó una comunicación pública que estimaba un sobrecoste para la comunidad de 85 millones. "No hemos comprobado que el FLA sea más barato y hemos cumplido el déficit. No me veo en la necesidad de ser tutelado cuando estoy cumpliendo mis obligaciones", le respondía el jefe del Ejecutivo autonómico a diario. El tono se recrudeció con la posibilidad de condonar deuda a esas comunidades que estaban en el FLA. La guerra en este caso tuvo dos batallas. Una primera que se saldó en tablas. Feijóo se plantó en la víspera del Consejo de Política Fiscal y Financiera que acabó otorgando financiación a coste cero a Galicia y Canarias, con el déficit atajado, para compensar el gesto a las incumplidoras. Y un segundo enfretamiento este mismo año cuando el tema volvió a salir de cara a la reforma de la financiación autonómica. "Un agresión multimillonaria" y "una temeridad", llegó a decir un indignado presidente de la Xunta, que no dudó en plantarle cara a Montoro en este tiempo por los embargos a los emigrantes retornados, la carta por el retraso puntual en el pago a proveedores -"Les hemos respondido que van bien, gracias", ironizó- e incluso por la gestión del déficit y la supuesta falta de control de Hacienda. "Si se hubiera hecho con intensidad en los últimos años, estaríamos en una situación mejor como país y como comunidad autónoma", aseguraba.
