Cuando el Ministerio de Energía desvele el resultado de la subasta de renovables que celebra mañana, lo único seguro que sabremos es quién gana y cuánto le pagará el sistema junto con lo que las propias empresas reciban del mercado por la venta de su electricidad. La localización de los proyectos va por su cuenta. No es necesario detallar la zona para participar porque el reparto se ciñe exclusivamente a cuotas de potencia que luego los ganadores ubican donde quieran o donde puedan. Pero Galicia, uno de los principales referentes en energías verdes de España, se juega mucho en este proceso ante el bloqueo del sector, con cerca de 2.400 megavatios (MW) de eólica -entre el concurso y planes de la etapa de Manuel Fraga- sin construir y una docena de centrales de biomasa pendientes también desde hace siete años. Sus promotores tienen ahora una gran oportunidad para sacar las plantas del cajón, siempre que el resultado de la puja sea diferente al de la anterior. En enero del pasado año, en la primera subasta de este tipo que organizó el Gobierno tras la reforma energética que acabó con las primas as las renovables, la enorme concurrencia y la agresividad de las ofertas dejó la llamada retribución específica en cero euros.
¿Qué es lo que diferencia a esta subasta? Lo más significativo es la potencia. Salen 2.000 MW, aunque inicialmente Energía anunció 3.000. Con los 1.000 de diferencia, el ministerio se reserva la posibilidad de incrementar la cantidad, pero sin concretar las razones. La explicación aparece en una cláusula de la normativa que es confidencial.
Con muchos más megavatios que en 2016, el sector da por hecho que hay menos riesgos de que la subasta se cierre con una retribución de cero euros. ¿Por qué? Las ofertas por bloques de potencia con mayor rebaja van entrando en la lista de ganadores hasta que se completan los 2.000 MW y el precio final es el de la última que logra entrar en el cupo. A más megavatios, mayor probabilidad de que esa cuantía sea positiva.
Pero la opción de que vuelva a repetirse el desenlace del primer reparto está ahí. "Hoy por hoy, con las normas de la subasta no se garantiza que el objetivo sea una retribución por encima del mercado mayorista", recuerdan los promotores eólicos de Galicia, que cuestionan que el Gobierno deje en manos del mercado "el cumplimiento de los objetivos en renovables" pactados con Europa para 2020 y que es, precisamente, la justificación para las pujas.
A favor de los posibles parques de Galicia está la calidad del viento. Sopla con fuerza y durante más tiempo. Energía, y es otra de las novedades de la segunda subasta, favorecerá en caso de empate a las instalaciones que estén operativas un mayor número de horas.
"Consideramos que los parques gallegos están en disposición de ofertar una menor retribución específica porque tienen más horas de funcionamiento, lo que los hace más competitivos", apuntan en la Consellería de Economía, Emprego e Industria, donde esperan que el reparto "suponga una oportunidad para que el sector eólico gallego demuestre su capacidad competitiva y para atraer inversiones en energías renovables a Galicia".
El sector reconoce ese plus, pero también advierte que el viento "sopla en muchos sitios". Galicia, de hecho, hace años que perdió el liderazgo en potencia instalada. Ocupa el tercer lugar, con 3.344 MW, según los registros del régimen especial -el que tenía a derecho a prima- de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por detrás de Castilla y León (5.679) y Castilla-La Mancha (3.800).
La eficiencia de los aerogeneradores emplazados en Galicia es mayor en comparación con los otros dos territorios que dominan el sector, pero muy poco más. La comunidad cuenta con el 14,5% de la potencia en funcionamiento y en 2016 generó el 15,2% de la electricidad procedente del viento. Castilla y León concentra el 24,6% de los parques y, sin embargo, el 23% de la producción; y Castilla-La Mancha acumula el 16,5% de la potencia y cerca del 16% de la generación eólica.
En contra, un lastre que frena esa mayor competitividad, están las cargas fiscales. El canon eólico, según los promotores, implica un sobrecoste económico en los proyectos -el Ministerio de Energía no lo tiene en cuenta para establecer la retribución específica genérica sobre la que las empresas presentan descuentos-, para los que los promotores piden también a la Xunta "un mecanismo legal" que permita actualizarlos sin volver la tramitación a "casi el principio". La mayoría están realizados con máquinas que se quedaron obsoletas.
La subasta es tecnológicamente neutral. Esto significa que cualquier tipo de renovable puede pujar sin que exista una cuota de potencia determinada para cada una, como sí ocurrió en la subasta del año pasado (500 MW para eólica y 200 para biomasa). Desde abril de 2010 están autorizadas 12 plantas de biomasa (80 MW) que nada o poco avanzaron en su tramitación. El reciente cambio legislativo del Gobierno gallego para liberalizar el tamaño podría ayudar a darles salida ahora.
