Desde que Isabel y Juan -nombres ficiticios, pues prefieren mantener el anonimato- se mudaron a Galicia en 2012, su cotidianeidad mudó en calvario. Siete años después de que la Junta de Andalucía le reconociera el máximo grado de dependencia y su derecho a ayuda domiciliaria, la mujer lucha por no desesperar ante la perenne demora . Con una ceguera prácticamente total y problemas de movilidad que la tienen postrada en la cama, solo los cuidados permanentes de su marido la salvan del abandono administrativo.
A pesar de que las limitaciones en su autonomía sufrieron un importante empeoramiento como consecuencia de la aparición de osteoporosis, tras su llegada a la comunidad, la Consellería de Benestar rebajó su condición de depediente a la de moderada. Tan inconformes como desconcertados, reclamaron a la Xunta la revisión del dictamen, pero esta lo desestimó en octubre de 2014 sin más explicaciones para mantener la valoración realizada que el estar amparada por la ley.
Dado que el calendario de implantación de la Ley establece un orden de prioridad progresivo, Isabel vio relegado el trámite de su caso hasta el 1 de julio de 2015. Camino de cumplirse los dos años, sin embargo, Isabel continúa esperando: "No entiendo por qué no recibimos aun la ayuda", lamenta su marido.
Sin opción para decidir, es él quien se ocupa de atender a su mujer en las necesidades de la cotidianeidad diaria. Con 63 años, prejubilado para poder atender a su cónyuge, su pensión solo le alcanza para pagar a una persona que lo apoya "en lo más imprescindible" durante dos horas diarias por 556 euros mensuales: "Con lo que recibo, estoy ajustadito. No nos podemos permitir que nos ayude más tiempo".
