La guerra comenzó hace justo un año, cuando el Tribunal Supremo anuló la prórroga por una década a 129 concesiones de transporte público de viajeros en Galicia, casi el 90% del total, a cambio de un plan de modernización de la flota. Automática, sin una nueva licitación de por medio. La sentencia recordaba el plazo excede lo máximo permitido por la normativa comunitaria. Luego fueron las propias empresas las que optaron por renunciar a 69 de las líneas por deficitarias, pero la Xunta, ante la posibilidad de que no llegue a tiempo con su renovado Plan de Transporte Público al mes de agosto -cuando definitivamente acaban las concesiones-, incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos de este ejercicio la opción de obligar a las compañías a mantener el servicio. Pues ahora hay otra batalla más entre las dos partes. Esta vez por el concurso de la Consellería de Política Social para el transporte de apoyo a personas con discapacidad o dependientes, y que es, precisamente, el servicio que el Gobierno gallego también barajó para el traslado de otro tipo de pasajeros en zonas de baja demanda para ahorrar costes. Tres asociaciones de empresas de bus denunciaron la tramitación y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la tumbó.
Con más de 7,5 millones de euros de presupuesto, la concesión del servicio gallego de apoyo a la movilidad personal para personas con discapacidad o que estén en situación de dependencia cubre los traslados a consultas médicas, servicios sociales, programas o actividades dirigidos a estos colectivos, actividades educativas, culturales, deportivas y, en general, aquellas que tengan relación con el cuidado personal, además de los viajes para gestiones legales o administrativas. La convocatoria salió publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 26 de diciembre de 2016 mediante una tramitación urgente y documentalmente simplificada. Y ese fue el problema.
La Xunta explica que se hizo así porque supuestamente la normativa de racionalización del sector público autonómico lo permite para una "mayor agilidad" y "la simplificación administrativa, la racionalización y la eficiencia del gasto público". Pero, ¿y la urgencia? Desde Política Social lo achacan a "la coincidencia" del contrato con "la revisión" del actual servicio de apoyo a la movilidad personal, "lo que hacía incompatible una tramitación ordinaria". La Asociación de Empresarios Transportistas del Servicio Discrecional de Viajeros de la Comunidad de Galicia (Anetra-Galicia), la Federación Gallega de Asociaciones de Transporte de Viajeros en Autocar (Transgacar) y la Federación Gallega de Servicio de Transporte en Autobús (Fegabus) no estaban de acuerdo y recurrieron la resolución al Tribunal de Contratos, que considera que este caso no está en ninguna de las excepciones que la UE contempla en la contratación de servicios para acortar los trámites. De hecho, el organismo vinculado al Ministerio de Hacienda invalida la convocatoria por algo tan simple como la no publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
"La ausencia de ella constituye un vicio de nulidad de pleno derecho", asegura en el fallo, puesto que la jurisprudencia la considera un "trámite esencial". "Difícilmente puede negarse este calificativo cuando la infracción de estas reglas de publicidad previstas en la normativa comunitaria puede generar la responsabilidad del Estado miembro por incumplimiento del Derecho de la Unión", advierte. Un mensaje que recuerda a la sentencia del Supremo sobre la prórroga a las concesiones de viajeros.
A la licitación se presentaron 13 compañías y uniones temporales de empresas, que optaban a uno o dos de los ocho lotes en los que se dividía el contrato por zonas (Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense, Lugo, Ferrol, A Coruña y A Mariña), con un máximo de 1,13 millones de kilómetros al año en desplazamientos.
La Xunta se ha visto obligada a repetir el proceso y a prolongar el contrato actual. "El servicio -aseguran- se continúa prestando sin incidencias". La intención es completar las nuevas concesiones en julio.
