A pesar de estar herido de muerte por dos sentencias en contra del Tribunal Constitucional, los ayuntamientos gallegos mantendrán el cobro del impuesto de plusvalía en las actuales condiciones hasta que el Ministerio de Hacienda, por ser el competente en legislar sobre este tributo, lo revise. Los concellos consideran que todos los municipios deben actuar de la misma forma, sin que nadie se desmarque con decisiones unilaterales, hasta que el departamento de Cristóbal Montoro incorpore los cambios necesarios para que el impuesto se ajuste a las determinaciones del Constitucional.
Lo que ha hecho el alto tribunal mediante dos sentencias referidas a las normas forales de Guipúzcoa y Álava es declarar contrario a derecho que el impuesto de plusvalía se cobre al contribuyente cuando se producen pérdidas en la venta de un inmueble. Solo se debe pagar este tributo cuando en la operación el propietario obtenga beneficio.
El problema es que tal como está diseñado este impuesto por parte de Hacienda, el tributo no se calcula sobre el precio real de la venta del inmueble, que lo marca el mercado, sino sobre el valor catastral. De ahí el conflicto. Con la crisis, los valores reales se han desplomado, pero los catastrales siguen en los mismos niveles, lo que provoca la distorsión en el cálculo del impuesto de plusvalía y que el propietario tenga que abonarlo aún cuando haya perdido dinero en la venta del inmueble.
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Se estima que en estas condiciones se realizaron más de 18.000 operaciones en la comunidad gallega en los últimos cuatro años -5.600 en Pontevedra, 8.100 en A Coruña, 2.600 en Lugo y 2.000 en Ourense-, cuyos propietarios tienen ahora la posibilidad de reclamar a los ayuntamientos la devolución de este impuesto.
Las dos sentencias del Constitucional no invalidan por sí solas el tributo, pero franquean el paso a que los contribuyentes que pagaron por plusvalía irreales puedan recuperar el dinero y además allanan el camino para que los tribunales resuelvan próximamente litigios en la misma línea y tumben la norma estatal.
De hecho, el Ministerio de Hacienda da por hecho que tendrá que reformar este impuesto y los propios ayuntamientos también lo consideran así, si bien argumentan que mantendrán su cobro hasta que Montoro apruebe la modificación, dado que es su responsabilidad exclusiva. Los ayuntamientos, aunque se trata de una tributo voluntario, se limitan a aplicarlo en las condiciones diseñadas por el Gobierno central.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha solicitado una reunión de urgencia con Montoro para ver cómo resuelve este problema que afecta a todo los ayuntamientos de España.
Pero mientras Hacienda no dé con la solución, el impuesto se seguirá cobrando igual que hasta ahora. "En Vigo vamos a seguir aplicándolo como en el resto de España. El alcalde tiene pendiente una reunión con el ministro de Hacienda para analizar la situación", indican desde el Concello vigués.
En A Coruña, el Ejecutivo local se mueve en la misma onda. "Quien tienen que actuar es el Gobierno central y el poder legislativo. Mientras tanto, seguiremos como hasta ahora", aseguran fuentes del Concello, en manos de Marea Atlántica. "Continuaremos aplicándolo mientras no recibamos una comunicación oficial en contra. El Ayuntamiento no tiene margen de maniobra", asegura el concejal de Facenda de Pontevedra, Raimundo González.
Respuesta semejantes dieron los concellos de Vilagarcía, Santiago, Ferrol y Ourense, quienes aluden a la responsabilidad de Hacienda, a la reunión pendiente que tiene Cristóbal Montoro con el presidente de la FEMP y a que todos los ayuntamientos deben actuar de igual manera, sin decisiones unilaterales.
En Galicia, el impuesto de plusvalía lo aplican 115 municipios, pues es de carácter voluntario. En 2015, último año cerrado de liquidación presupuestaria, los concellos batieron su récord al recaudar por este tributo más 41 millones de euros.
