La Xunta destina 4,5 millones de euros al año en una póliza que cubre las indemnizaciones y gastos judiciales derivados de errores médicos, así como los daños ocasionados por siniestros y accidentes laborales en el ámbito de la administración autonómica. Este seguro asume costes hasta un límite de 17 millones de euros anuales. En el caso concreto del Sergas por cada negligencia se paga un máximo de 1,8 millones de euros.
Esta póliza vence, sin embargo, el próximo mes de junio y en otras comunidades autónomas ya están teniendo problemas para conseguir que las compañías se hagan cargo de los seguros de responsabilidad civil pública. Aunque en Galicia se mete en un mismo paquete la cobertura de daños por cualquier tipo de siniestro ocurrido en la administración y el pago de indemnizaciones por accidentes laborales, el volumen más importante y más complejo corresponde con los gastos derivados de la litigiosidad y las indemnizaciones por negligencias médicas. De hecho, el Sergas tiene la consideración de "gran riesgo", según la normativa sobre seguros.
Aseguradoras como Zurich, Mapfre y Berkley están renunciando a prestar sus servicios en Asturias, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Castilla La Mancha y Cantabria. La razón es la aplicación de un nuevo baremo en los accidentes de tráfico que los jueces utilizan de forma orientativa para indemnizar los casos de mala praxis médica, de manera que se han disparado las compensaciones económicas y las cuantiosas primas que las compañías tienen que pagar.
En Galicia la póliza está contratada a SegurCaixa Adeslas que, por el momento, mantiene su actividad en otras autonomías en las que también se hace cargo del seguro de responsabilidad civil.
Este seguro se hace cargo de las reclamaciones al Sergas por "errores, omisiones o actos negligentes de su personal". Así cubre cualquier riesgo que se produzca durante la prestación de la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, incluidas las actuaciones en el ámbito de la atención domiciliaria y del traslado de enfermos. La compañía aseguradora costeará también los gastos de defensa y fianzas si el caso llega al juzgado.
El máximo que se pagará por un caso de mala práxis médica será de 1,8 millones de euros. Sin embargo, si el usuario ha sido derivado a un centro concertado la cobertura será menor: de 600.000 euros.
Pero también quedan cubiertos aquellos daños que se produzcan en la explotación del servicio sanitario como, por ejemplo, en la preparación o suministro de alimentos y bebidas, posibles episodios de contaminación del aire o del agua o daños ocasionados en la carga o descarga de mercancías.
El seguro contratado por la Xunta incluye un apartado específico para cubrir posibles daños accidentales en la crioconservación de preembriones. En ese caso se les reintegrarán a los afectados los gastos que tuvieron que abonar para obtenerlos, con un límite máximo de 1.500 euros por pareja
En los casos de agresiones al personal sanitario, la póliza contratada por el Sergas se hace cargo de los gastos de asistencia jurídica, asesoramiento y orientación de la víctima, así como la defensa para que pueda reclamar las indemnizaciones a las que tenga derecho. El gasto por cada caso será de un máximo de 6.000 euros.
Por el contrario, el seguro excluye de su cobertura los perjuicios ocasionados por intervenciones médicas o quirúrgicas no incluidas en la asistencia de la Seguridad Social o la utilización de procedimientos curativos ajenos a la práctica médica, así como los daños "meramente estéticos por no obtener la finalidad propuesta en la operación de cirugía plástica". El seguro no asumirá tampoco reclamaciones por contagio de VIH siempre que no sean debidos a negligencias o errores y tampoco entran en la cobertura de la póliza la asunción de responsabilidades por legionelosis.
