Horario lectivo y día hábil. El agente comprueba que unos menores "palman a clase" y se entretienen cerca del instituto. Identificación y comunicación al centro, que pone en marcha un protocolo si se trata de un caso habitual. Así funciona uno de los mecanismos públicos para luchar contra el absentismo escolar grave, aquel que supone que un menor se ausenta un mínimo del 10% de sus clases al mes. El año pasado se abrieron 318 expedientes en 163 centros de Galicia, un 36% más que en 2015, según los datos de la Consellería de Cultura e Educación, cuyos profesores informan de estos casos, pero también los agentes de la Policía Autonómica que detectan a niños por la calle en un momento en que deberían estar sentados en su aula.
Hace cuatro años, una madre viguesa fue condenada a pagar 1.080 euros como autora de un delito de abandono de familia por las continuas faltas de asistencia de su hijo al instituto en una controvertida sentencia, pues ella alegó que su vástago, de 14 años, sufría estrés y acoso escolar. El menor prácticamente se ausentó todo el curso.
Casos como estos llegan prácticamente a diario a las escuelas de toda Galicia, primera instancia donde se intenta solucionar. En 2014 el departamento que ahora dirige Román Rodríguez desarrolló un protocolo educativo para tratar de mitigar el absentismo escolar grave, definido como aquella situación en que un menor en edad de escolarización obligatoria -de 6 a 16 años- se ausenta de un mínimo del 10% de las horas de clase al mes sin motivo justificado.
El curso pasado Educación abrió 318 expedientes en 163 centros educativos, según el último balance disponible. Se trata de 84 más que en el curso anterior. A partir de ahí, se abre una amplia casuística que puede acabar en un tirón de orejas al joven, la intervención del servicio de Menores de la Xunta o incluso en la derivación del caso a la Fiscalía.
Fuentes de Educación explican la dificultad para establecer un perfil de casos y matizan las diferencias que se encuentran en cada situación. De hecho, reconocen la ausencia de un informe exhaustivo sobre este tipo de problemática para obtener conclusiones, si bien destacan que "la mayor parte de casos" se solucionan dentro del propio centro escolar.
El absentismo es detectado por los propios profesores en las aulas e incorporado al expediente de cada alumno, pero también la Policía Autonómica detecta casos de menores en la vía pública en un horario en que deberían estar en clase. El año pasado, identificó a 90 jóvenes en esa situación, uno menos que en 2015, según los datos de la Consellería de Presidencia, de la que depende el citado cuerpo.
Sus inspecciones en los alrededores de los centros escolares no persiguen únicamente a quienes se escabullen de las clases, sino que se encuadran en una estrategia que busca también evitar la falta de escolarización, el uso de menores en mendicidad o la venta de drogas, según fuentes del Ejecutivo.
Detectadas faltas injustificadas, el tutor de un alumno se pone en contacto con los padres del menor o sus tutores legales para informarlos y buscar una solución antes de abrir un expediente y de superar el umbral del 10% de ausencias respecto al horario lectivo. Traspasada esa franja, se inicia el procedimiento, quedando constancia del mismo incluso aunque se resuelva.
Justicia
Algunas situaciones, sin embargo, están vinculadas a problemas familiares bien de tipo económico, bien de desidia por parte de los responsables, bien incluso por problemas de drogas, entre otros.
Ante cuestiones de gravedad, los profesores se ponen en contacto con el departamento de Menores de la Consellería de Política Social, que interviene. Si la situación es crítica, los hechos se ponen en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
Este diario solicitó la cifra de casos atendidos por el departamento de José Manuel Rey y comunicados a la justicia, pero no los recibió por parte de la administración. Los últimos informes conocidos se refieren al curso 2014-2015, en que 94 de 234 expedientes acabaron en el despacho del fiscal, el doble que el curso anterior. En siete años, se abrieron 528 expedientes relativos a esos casos, si bien algunos pueden repetirse ejercicio tras ejercicio hasta la intervención final de la justicia. En 2015, por ejemplo, cinco alumnos regresaron a las clases después de que se les retirara la custodia a sus padres.
