Más de la mitad de las concesionarias de transporte de viajeros de Galicia han renunciado a seguir prestando el servicio, de manera que las líneas que cubren quedarán desatendidas a partir de agosto de este año. La Xunta está trabajando en el nuevo Plan de Transporte Público con la intención de adjudicar nuevos contratos antes de esa fecha, pero desde la patronal -la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar- creen que eso no será posible. Los tiempos son ajustados y además está en duda la rentabilidad que tiene para estas compañías el traslado de viajeros, sobre todo en las zonas del rural. En caso de que no diera tiempo a aprobar las nuevas concesiones o éstas quedaran desiertas, la Consellería de Infraestruturas ya tiene un plan B: podrá adjudicar directamente el servicio e incluso obligar a las empresas de transporte a mantener las líneas.
Y así lo ha dejado plasmado en la Ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, que se acaba de aprobar en el pleno parlamentario de esta semana. "La administración podrá optar por la adjudicación directa de los servicios públicos de transporte de personas", recoge el texto. Y añade. "Igualmente, en el caso de interrupción de los servicios o riesgo inminente de tal situación, la Xunta podrá optar por establecer exigencias de prestación de determinadas obligaciones de servicio público por parte de otros contratistas".
El presidente de la patronal de transporte de viajeros, Carlos García Cumplido, señala que con esta modificación normativa el Gobierno gallego se asegura de que las líneas de las empresas que han renunciado no queden desatendidas a partir del próximo mes de agosto. "Las obligará a prorrogar un año más su actividad", advierte.
La Xunta aclara, en todo caso, en esta nueva norma, que se garantizará "el equilibrio económico" de estas empresas. Y ésta es precisamente la principal preocupación del sector. Las 69 empresas que han decidido abandonar lo hacen precisamente porque el servicio resultaba deficitario. Anunciaron su baja ya el verano pasado pero la normativa europea establece que desde que formalizan la renuncia deben mantener su actividad durante un año más para dar tiempo a a la administración a renovar el servicio. La patronal exige a la Xunta compensaciones por este último año en el que están siendo forzadas a mantener las líneas de transporte y teme que ahora la Consellería de Infraestruturas las obligue a una nueva prórroga de su actividad con el consiguiente perjuicio económico para las empresas.
La situación del transporte público de viajeros en Galicia se complicó a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la decisión de la Xunta de prorrogar automáticamente las concesiones de los autobuses otros diez años a cambio de que modernizaran su flota. El fallo judicial concluyó que la duración de las adjudicaciones no debe superar los diez años, anulando así 129 de los 143 contratos que operaban en Galicia.
Para dar continuidad al servicio, la Consellería de Infraestruturas aprobó una ley exprés que permitía a las concesionarias seguir explotando las líneas de autobús hasta que se aprobara un nuevo Plan de Transporte Público y daba quince días a las compañías para que, si así lo consideraban, formalizasen su renuncia. La sorpresa fue que de los 129 contratos, 69 anunciaron que abandonaban, quedando comprometido así el futuro de la gran mayoría de líneas de transporte de viajeros de la comunidad.
El nuevo Plan de Transporte Público, que prepara Infraestuturas, es muy ambicioso y se enmarca además en un horizonte amplio. De hecho no se implantará en su totalidad hasta 2020.
La renuncia de más de la mitad de las concesionarias les obligará a apurar los plazos. Sin embargo, antes de licitar los nuevos contratos la consellería ha sacado a concurso los estudios para diseñar el nuevo mapa del transporte de Galicia. La previsión del departamento de Ethel Vázquez es que en mayo cuenten ya con estos informes preliminares. García Cumplido cree que la Xunta "no tiene tiempo material". "Lo veo difícil", apunta.
Después tendrá que sacar a concurso las nuevas concesiones. La patronal, sin embargo, advierte que si no se fijan mecanismos públicos de financiación de esas rutas, difícilmente son viables económicamente para las empresas, de manera que existe el riesgo de que esos concursos queden desiertos.
