El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha articulado una solución temporal para que los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes que se quedaron sin tesorero por la entrada en vigor el pasado mes de enero de una normativa derivada de la Ley de Racionalización de la Administración Local (ley Montoro) puedan efectuar los pagos corrientes.

Hacienda implantó en 2015 la obligatoriedad de incorporar tesoreros de habilitación nacional en todos los ayuntamientos para reforzar el control de las arcas municipales, evitar que la fiscalización que llevan a cabo los interventores sobre al uso de la caja coincida en la misma persona o impedir que los concejales del gobierno sean los que autoricen o denieguen los pagos. En 2016 se aprobó una moratoria ante la imposibilidad de dotar a los municipios de un tesorero y este año, al no haber presupuestos generales del Estado, entró en vigor la norma, por lo que 274 concellos gallegos -y otros muchos españoles- se encontraron con la amenaza de no poder librar gastos por carecer de un habilitado nacional. De ahí que ahora el Gobierno intente corregir esta situación de bloqueo.

Concretamente, el ministerio de Cristóbal Montoro remitió una circular a las administraciones autonómicas, como la Xunta, en la que informa de una solución temporal al problema existente en ese grupo de municipios por la obligatoriedad de disponer de un habilitado de carácter nacional para ejercer las labores de tesorería y autorizar los cargos presupuestarios.

El Gobierno estatal determina que en el caso de los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes podrá actuar como tesorero un funcionario propio de la corporación local que ejerciese el puesto de tesorero hasta ahora. O sea, que sigan funcionando como hasta ahora.

Del mismo modo, para los municipios de menos de 5.000 habitantes se recuerda que no existe la obligación de crear un puesto de tesorería reservado para habilitados nacionales, por lo que para cubrirlo se puede acudir a la acumulación de funciones de otro funcionario habilitado nacional; crear una agrupación de municipios para entrar en la categoría reservada a ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes; o que lo hagan los servicios de asistencia de las diputaciones.

Tras recibir la circular, la Xunta valoró la "solución" ofrecida por el Ministerio y recuerda que "una mayor implicación de las diputaciones provinciales" era una de las reclamaciones que había hecho para garantizar el mejor funcionamiento de los ayuntamientos gallegos después de que el vicepresidente, Alfonso Rueda, se reuniese con representantes del Colexio Oficial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local en Galicia.

El Gobierno gallego, que también mantuvo contactos con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), había pedido un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma y la ampliación del periodo transitorio para que las modificaciones legales oportunas se pudiesen aplicar.

Este hecho, según ha destacado, en la práctica lo acaba de hacer el Ministerio al permitir que funcionarios de la corporación que venían desempeñando el puesto de tesorería puedan seguir realizando sus funciones hasta que se cree y se cubra el puesto de tesorero reservado a habilitados nacionales.