El Parlamento gallego volverá a reclamar por unanimidad al Ministerio de Fomento, a través de una proposición de ley, el traspaso de la AP-9, principal vía de comunicación terrestre en la comunidad autónoma.

Esta nueva petición se produce tras la negativa del Gobierno a tramitar en el Congreso una petición anterior del Parlamento autonómico, aprobada en forma de proposición de ley, que también había sido aprobada por unanimidad.

Tras esta negativa, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, viajó a Santiago donde insistió en la negativa al traspaso de la infraestructura si bien unos días después acordó con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, la gestión compartida de la vía, un acuerdo que el dirigente autonómico consideró "histórico".

Durante el día de ayer los 75 diputados de los cuatro grupos parlamentarios en Galicia -PP (41), En Marea (14), PSdeG (14) y BNG (6)- estamparon su firma en el registro de una nueva proposición de ley en la que se solicita la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración general del Estado en relación con la AP-9.

En el nuevo texto, elaborado con el asesoramiento de los servicios jurídicos del Parlamento, se elimina la parte de la proposición de ley anterior que motivó el informe negativo por parte de los servicios jurídicos de la Administración central.

En concreto, en la nueva proposición de ley se suprime el plazo máximo de seis meses para el traspaso efectivo de la AP-9 y se incorpora que este traspaso no supondrá "ningún incremento de los créditos ni la disminución de los ingresos previstos en la ley de presupuestos generales del Estado en vigor," uno de los motivos aducidos por Fomento para vetar la tramitación de la anterior propuesta.

Según argumentan los grupos parlamentarios en la proposición de ley que han presentado, la AP-9, aunque es de titularidad estatal, abarca una parte muy importante del territorio gallego. "Es una vía vertebral que conecta toda la franja atlántica y cinco de las siete ciudades gallegas", explican los grupos parlamentarios en el texto de la iniciativa.

Alegan que los peajes que soporta esta vía son "desorbitados" y limitan el acceso a la autopista de las personas con menos recursos y "lastran el desarrollo de sectores económicos gallegos".

Una vez se efectúe el traspaso, tal y como exponen por unanimidad los cuatro grupos parlamentarios, la Xunta tendría competencia para autorizar la puesta en servicio de nuevos tramos o vías auxiliares o bien reformar los ya existentes.

La comunidad autónoma tendría encomendada también la función de supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista e incluso recaería en la Xunta la potestad para sancionar a la concesionaria si hubiera incumplimientos. También tendrá capacidad para cambiar el régimen tarifario.

Según añaden, la efectividad de la transferencia se producirá "cuando se dispongan de los medios materiales y presupuestos necesarios", pero con la aclaración de que el traspaso no supondrá "un incremento de los créditos ni la disminución de los ingresos previstos en la ley de presupuestos generales del Estado".