12 de diciembre de 2016

La Xunta entierra su guerra fiscal con la eólica por gravar los permisos a los parques

Las sentencias del TSXG y el Supremo obligan a Facenda a dejar de aplicar el ITP al sector y en los presupuestos de 2017 elimina la reducción que impulsó para abaratarlo

12.12.2016 | 08:08
Parque eólico en la Costa da Morte. // Ricardo Grobas

La polémica estalló en 2010 y fue una de las principales causas del gran deterioro en las buenas relaciones que hasta ese momento mantenían la Xunta y el sector eólico. De la noche a la mañana, todas las empresas con un parque autorizado en los últimos años se encontraron con un expediente de las delegaciones territoriales de la Consellería de Facenda para abonar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por cada instalación y una cuantiosa multa por no haberlo hecho en el momento de recibir el permiso. La administración autonómica lo achacó a los resultados de una inspección tributaria y esperaba una lluvia de millones -el gravamen, del 4%, se aplicaba sobre el total de la inversión de los parques, unos 40.000 euros por cada megavatio (MW)-, justo cuando los ingresos públicos empezaban a mermar con fuerza por los efectos de la crisis. Pero la parálisis de las renovables empañó todas las previsiones, a pesar de que Facenda les lanzó un guiño con una bonificación del 92% para intentar desatascar el concurso eólico de 2010, y la guerra judicial entre ambas partes por la tasa acabó dando la razón a los promotores. La Xunta confirma abiertamente que dejará de intentar cobrarlo.

Lo hace en la Ley de Acompañamiento del proyecto de presupuestos para el próximo 2017. Entre las deducciones y bonificaciones que eliminará está la del ITP "a las concesiones o autorizaciones administrativas relativas a las energías renovables". El propio presidente de la Xunta anunció en el debate sobre el Estado de la Autonomía de octubre de 2013 que el impuesto bajaría del 4% al 0,3% dentro del paquete de medidas que el Gobierno gallego lanzó para "reforzar" su apuesta por el desarrollo de las energías limpias y que incluía también la reforma de la puja eólica para ofrecer a los ganadores la opción de renunciar a toda o parte de la potencia que consiguieron. El sector alabó el gesto porque los permisos dejaban de ser "inviables económicamente", pero advirtió que seguirían luchando para suprimirlo en su totalidad.

Esa y el resto de las derogaciones en el ITP que van en las futuras cuentas de la Xunta "tratan de adecuar el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad en materia de tributos cedidos a los cambios normativos y jurisprudenciales ocurridos con posterioridad a la aprobación de las deducciones y bonificaciones en cuestión dado que no son de aplicación práctica". En otras palabras, cumplir con las novedades normativas o con lo que marcan los tribunales, como es el caso de la imposibilidad de cobrar el ITP a los permisos de los parques.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) allanó el camino. Tras un primer veredicto que daba la razón a Facenda, el organismo que vela por las reclamaciones en materia de impuestos cambió su parecer y consolidó el "no" a repercutir el impuesto por no considerar las autorizaciones a los complejos de aerogeneradores como una concesión administrativa. Aunque la Xunta, según el sector, se comprometió a asumir la doctrina del TEAC, lo cierto es que recurrió todas las sentencias en su contra que fueron saliendo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y llegó hasta el Supremo, que ratificó la prohibición de cobrarlo en dos fallos ya este año que afectaban a las firmas Fergo e Iberdrola. "La existencia de un bien o servicio de acusado e intenso interés general como es el suministro eléctrico -sostiene- no permite por sí mismo ver la existencia de un derecho originario de titularidad pública que es transmitido o cedido a un particular". La Xunta, según pudo confirmar FARO en fuentes judiciales, está retirándose del resto de casos en espera de revisión en el alto tribunal.

Solo en las demandas resueltas por el TSXG, las cantidades acumuladas, como publicó FARO, rozan los 13 millones de euros y la Xunta preveía que con el fallido concurso eólico, del que acaban de cumplirse seis años, ingresaría cerca de 100 millones más.

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