Los rescates de la empresa autonómica encargada de gestionar el suelo público tendrán el año que viene su quinto capítulo desde 2013 con una nueva inyección de fondos, que esta ocasión ascienden a 12,3 millones de euros, con lo que la Xunta sumará 106 en recursos para salvar de la quiebra a Xestur, si bien la aportación extraordinaria se reducirá un 60% respecto a las aplicadas este curso. Así consta en los presupuestos del Ejecutivo para 2017, que registran la mejora de salud financiera de una sociedad que cerró el año pasado con una deuda de casi 136 millones derivada, según acusa el Gobierno popular de Alberto Núñez Feijóo, de la gestión del bipartito PSdeG-BNG entre 2005 y 2009.
La génesis del agujero por el que se han colado decenas de millones de euros arranca antes de la crisis económica, de acuerdo con el relato de la Xunta. El ala nacionalista del bipartito presentó un plan de polígonos industriales ambicioso que pretendía habilitar suelo de forma masiva para impulsar el desarrollo económico. En 2005, las cuatro xestures -una por provincia que fueron fundidas en un único ente en 2013- presentaban una deuda de 30 millones que tres años después se elevó a 180, a lo que se sumaban compromisos por otros 900. La crisis estalló, la economía se desplomó y los proyectos quedaron en su mayoría acumulando polvo, pero ya se habían firmado expropiaciones y procesos para levantar las naves industriales. Las previsiones se hicieron añicos y se abrió un boquete económico justo cuando los ingresos también se desplomaron y el equipo de Feijóo comenzó a recortar el gasto de forma continua.
Aun así, la Xunta no achaca solo a la recesión los problemas de viabilidad de la firma, sino que los vincula a la gestión bipartita, pues cifra los ingresos medios por venta de parcelas entre 2005 y 2008 en 25 millones, tendencia que complicaría hacer frente a la deuda de 180 que ya sumaba.
La situación se volvió crítica en 2013, ejercicio en que se acometió la primera operación de rescate para afrontar las deudas y evitar la quiebra de la sociedad. La Xunta integró las cuatro sociedades provinciales en una sola y ejecutó una ampliación de capital por 32 millones de euros que firmó en su totalidad el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). De esa forma, la Xunta copó el 95% del accionariado de Xestur, dejando el porcentaje restante en manos de las diputaciones provinciales, si bien en el caso de la de Pontevedra apenas es del 0,3%.
El oxígeno duró dos años. En 2015 ejecutó otra ampliación de capital similar por 31,3 millones, al tiempo que pactó con sus bancos agrupar todos sus préstamos en uno de 135,6.
No se quedó ahí. Este año se ejecutaron otros dos rescates de las mismas características, planificados entre abril y mayo. El primero ascendió a 12,4 millones para amortizar préstamos, mientras que los 18 de la segunda se destinaron a pagar las indemnizaciones a 600 dueños de fincas a los que el bipartito expropió terrenos para levantar polígonos industriales. Y las cuentas de 2017 ya reservan otros 12,3 para la misma operación y así "hacer frente al endeudamiento financiero que tiene Xestur procedente de la reestructuración de deuda de 2013 previa a la fusión de las xestures". En total, sumarán 106 millones desde el citado ejercicio.
En sus cuentas, Xestur también prevé ingresar 27,6 millones, fundamentalmente de la venta de parcelas industriales, capítulo que incrementa su facturación en 14 millones respecto a este año, según la previsión oficial.
