El Gobierno gallego regulará por decreto -aprobado ayer- la atención ciudadanía en el sector público autonómico que, entre otras novedades, incorpora la obligación de que se responda en castellano a las quejas o sugerencias de los ciudadanos que hayan elegido este idioma para dirigirse a la Administración. "Se trata de blindar el derecho a que se conteste en el idioma que solicite", destacó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al término del Consello.

Hasta ahora, por defecto, la lengua que se utilizaba para responder a las peticiones ciudadanas era el gallego y se empleaba el castellano solo si había una solicitud expresa al respecto por parte del demandante.

A partir de ahora, sin embargo, las quejas y sugerencias recibirán respuesta automáticamente en el idioma en el que se hayan formulado, salvo indicación expresa en el sentido contrario de quien plantee la cuestión. "Damos respuesta al derecho de la ciudadanía a recibir la respuesta en la lengua cooficial demandada por el interesado; si algún ciudadano quiere que su respuesta sean en castellano, su derecho quedará blindado por decreto", comentó Feijóo.

Según explicó, el documento incluye entre sus obligaciones facilitar toda la ayuda y orientación que la ciudadanía necesite en las actuaciones que desee realizar con la Administración y, en especial, con las personas con discapacidad. Así, el decreto determinaque deberán ponerse a disposición de las personas con discapacidad los medios y formatos "adecuados", de forma que resulten "accesibles y comprensibles".

También unifica el sistema de recepción de sugerencias y quejas, fijando como novedad la obligación de que cualquier empresa que trabaje en algún momento para la administración pública tenga también un sistema para recoger las quejas por parte de cualquier persona.

Con el objetivo de favorecer la accesibilidad a la Administración, especialmente a las personas con discapacidad visual, el texto incorpora como novedad la posibilidad de presentar sugerencias y quejas por vía oral a través del teléfono 012, con "la misma consideración y tratamiento" que las presentadas "por las demás modalidades".

Feijóo agregó que se garantiza la permanencia del servicio de videointerpretación en lengua de signos para las personas sordas a través de su previsión reglamentaria.

En lo que respecta a la transparencia en la gestión de quejas, la norma establece que anualmente se publicará en el Portal de Transparencia e Goberno Aberto un informe sobre las demandas tramitadas por la Administración, a efectos de garantizar su conocimiento. Y el Valedor do Pobo lo recibirá con carácter semestral.

Durante la rueda de prensa, Feijóo avanzó que otra de las claves del decreto es el impulso del empleo de los medios electrónicos en relación con la atención a la ciudadanía, incorporándose por primera vez a la sede electrónica a las solicitudes de información y a la formulación de sugerencias y quejas. De este modo, la ciudadanía puede ejercer "en condiciones totalmente seguras" su derecho de acceso a la información y formulación de quejas y sugerencias "las 24 horas de los 365 días del año".

El decreto también recoge un sistema de seguimiento y evaluación continua. Además, una vez que entre en vigor, se pondrá en marcha la Oficina de Defensa das Persoas usuarias, que será la encargada de reutilizar los datos estadísticos resultantes de la evaluación anual de las sugerencias y quejas, con el fin de que sea tenido en cuenta para "la mejora de la prestación de los servicios públicos".