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El Catastro recupera la lupa para cazar los inmuebles ocultos del IBI

Lo hará en 19 concellos que se sumarán a las inspecciones que se realizan ya en Pontevedra

Los afectados por la regularización catastral pagan de media 115 euros más por el IBI

El plan para rastrear inmuebles sin declarar impulsado por el Catastro en el año 2013 llega ahora a su última fase. En Galicia 171 concellos ya se han sometido a esta regularización catastral, de los cuales treinta están en Ponteveda donde se han descubierto 32.262 bienes ocultos que han visto incrementado su recibo del IBI en unos 115 euros de media -más los 286 que tuvieron que pagar de atrasos-.Estas inspecciones han permitido a los municipios pontevedreses aumentar su recaudación en 14,6 millones de euros. Pero todavía prosiguen los controles en 13 ayuntamientos y aún no se han iniciado los trabajos en otros 19, que afrontarán este proceso de regularización catastral a lo largo de 2017.

El Catastro persigue con este plan destapar aquellas construcciones nuevas que están sin declarar, así como las ampliaciones, reformas y cambios de uso de las edificaciones que aumentan el valor catastral del inmueble. Incluso se buscan piscinas que no han sido dadas de alta y no pagan el IBI.

La previsión inicial del Ministerio de Hacienda era completar este proceso extraordinario en 2016, pero la complejidad de los trabajos y la dispersión geográfica han obligado a prolongar los plazos de algunas de las inspecciones iniciadas.

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En Pontevedra quedan pendientes 19 concellos: Barro, Cambados, Cotobade, Crecente, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia, Pontevedra, O Porriño, Rodeiro, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Tui, Valga y Vilagarcía de Arousa. La previsión es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ordene el inicio del rastreo de bienes ocultos en estos concellos a finales de este año o ya entrado 2017.

Estos se sumarán a los 13 municipios pontevedreses en los que ya se están realizando controles ahora mismo. Cuatro de ellos, Moaña, Redondela, Vilaboa y Vilanova de Arousa, iniciaron su proceso de regularización catastral en julio de 2015 y no está previsto que terminen hasta noviembre de este año.

En febrero de 2016 se incorporaron otros nueve ayuntamientos de la provincia de Pontevedra (Dozón, Lalín, Mos, As Neves, Nigrán, Poio, Portas, Ribadumia y Silleda). Pero el Catastro se dio un plazo para las inspecciones de año y medio, de manera que no se prevé que culminen hasta julio de 2017.

Para las primeras regularizaciones que se realizaron se fijaba un periodo más corto, de menos de un año. Por ejemplo, el primer concello pontevedrés en someterse al rastreo del Catastro fue A Cañiza y se prevían solo ocho meses. Sin embargo, la complejidad de las inspecciones sobre el terreno y el elevado número de recursos presentados obligaron poco a poco a ir alargando los plazos en posteriores controles. Los últimos concellos en cerrar su proceso de regularización catastral han sido los de Vigo, Agolada y A Illa de Arousa, el pasado 30 de julio.

El último balance presentado por el Ministerio de Hacienda está fechado a 20 de julio. En Galicia se comprobaron 1,3 millones de inmuebles y en el 15 por ciento de los casos se destaparon obras o construcciones sin declarar. En total, se regularizaron 213.017 inmuebles. La mayoría, 85.289, en la provincia de Lugo. En A Coruña se descubrieron 68.702 bienes ocultos, otros 32.262 en Pontevedra y 26.764 en Ourense. Los concellos gallegos recaudaron 90 millones más de euros por el IBI tras regularizarse estos inmuebles.

Los controles en esta provincia dan dos millones a Hacienda

  • Los ayuntamientos son los principales beneficiarios por esta plan de regularización catastral, puesto que aumenta su recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, el Ministerio de Hacienda cobra a los propietarios afectados una tasa de 60 euros por cada inmueble oculto que destapan. Esto les ha permitido ingresar un total de 12,7 millones de euros en Galicia desde que se inició el plan en 2013. En el caso de Pontevedra, los más de 32.000 bienes regularizados han supuesto para las arcas estatales unos ingresos de casi dos millones de euros.Según los datos del Ministero de Hacienda, la mitad de los 32.000 inmuebles ocultos destapados en Pontevedra fueron ampliaciones y rehabilitaciones que habían incrementado el valor catastral de la edificación.Además el Catastro halló en su rastreo por los concellos pontevedreses casi 12.000 construcciones nuevas sin declarar. Otras 3.500 casos fueron regularizados tras haberse descubierto reformas o cambios de uso que revalorizaban el inmueble. Y se hallaron también 1.200 piscinas que estaban sin declarar.

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