La Audiencia Provincial de Lugo ha dado un tirón de orejas a la juez Pilar de Lara por el "tiempo desmedido" que mantiene bajo secreto el sumario de la denominada operación Cóndor, que tiene entre sus principales investigados al empresario Raúl López -dueño de la compañía de transporte de autobuses Monbus-, y le ordena que lo levante como muy tarde el próximo día 22. La Audiencia se pronunció a favor de la apertura del sumario en un auto del pasado mes de marzo que no ha trascendido hasta ahora cuando Pilar de Lara ha respondido a un nuevo recurso contra el secreto presentado por una de las partes. En este auto de la juez, del 13 de junio, prorroga diez días más, hasta el 22 de junio, el secreto, pero recuerda que la Audiencia Provincial de Lugo le ha obligado a levantar el sumario en esa fecha.

Hay un segundo auto de la Audiencia Provincial del mes de mayo en el que se resuelve otro de los recursos de las partes, y que vuelve dar un plazo de tres meses para la apertura del sumario, lo que supondría el mes de agosto.

Con todo, la resolución del 13 de junio de Pilar de Lara asume la orden de la Audiencia Provincial de levantar el secreto de sumario el próximo día 22 de junio (sólo prorroga durante diez días más el secreto), ya que así lo recoge por escrito.

Concretamente, la sala de la Audiencia Provincial señala en su auto de marzo que "ya ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de que una situación tan anómala como la de mantener unas diligencias abiertas de investigación en situación de secreto no se puede prolongar en el tiempo de una manera excesivamente dilatada".

Junto con Raúl López resultaron imputadas otras nueve personas -dos de ellas mandos militares- en la operación Cóndor, que investiga la presunta comisión de delitos contables, de blanqueo de capitales y de falsedad documental, así como en la supuesta existencia de otros de tráfico de influencias y cohecho.

La juez De Lara intenta aclarar si existe una contabilidad B en Monbus, para lo que esta empresa se ayudaría de la agencia de viajes InterRías, con sede en Sanxenxo (Pontevedra), y también pretendía averiguar si esta firma pudo haber pagado mordidas para hacerse con la concesión del contrato de transporte de las Fuerzas Armadas. Raúl López y su yerno, el director comercial del grupo, Rafael Casqueiro, fueron detenidos en su momento y la juez le impuso sendas fianzas de 20.000 y 15.000 euros.

Por otra parte,agentes de Vigilancia Aduanera acudieron ayer al Ayuntamiento de Santiago, por orden de Pilar de Lara para recabar facturas y contratos de la época en la que gobernaba el PP, vinculados con la empresa UNIKA y con el que fuera asesor del exalcalde Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas. El actual gobierno local ya no tiene contratos con esta empresa.