La toma de declaración a testigos de la Operación Patos iniciada este junio vivió ayer una jornada maratoniana en Vigo. Las presuntas irregularidades en varios contratos de obras detectadas en la Diputación Provincial de Pontevedra en la época en la que su expresidente Rafael Louzán estaba al frente centraron las comparecencias ante la juez. Y los testigos, según fuentes cercanas al caso, negaron ilegalidades en esos contratos públicos, entre los que se incluyen los de campos de fútbol en Coia y Coruxo (Vigo), así como en Moraña, así como los de trabajos de otro tipo, como de saneamiento, calzadas o acondicionamiento de áreas deportivas.
Los testigos citados fueron Pablo Montero, del servicio de contratación y patrimonio de la Diputación al tiempo de los hechos; Antonio Graña, interventor; una jefe de servicio de Fiscalización y, ya ajenos a este organismo provincial, la alcaldesa de Moraña, María Luisa Piñeiro, y el presidente del club de fútbol Coruxo, Gustavo Falque. En todos los casos negaron que apreciasen ilegalidades. El interventor, sobre los reparos que constaban en varios contratos, indicó que se pusieron a efectos de recomendación, pero que en ningún caso porque hubiese irregularidades. En aquella época, dijeron, había gran volumen de obras que se adjudicaban.
