Solo uno de cada diez núcleos marineros afectados por la Ley de Costas supera la criba para pasar a depender de la disciplina urbanística de los concellos. El resto, nada menos que el 90%, seguirá fuera de la ordenación municipal y, por tanto sometido a unas condiciones muy restrictivas que bloquean no ya su desarrollo, sino que prohíben nuevas construcciones y la ampliación de las existentes y limita las obras de reforma a lo mínimo imprescindible para garantizar la conservación de las viviendas levantadas en la zona de servidumbre de protección competencia de Costas. Casi medio centenar de concellos intentaron, tras la última reforma de la Ley de Costas, regularizar 218 de estas poblaciones asentadas al lado del mar, pero el proceso, destinado a facilitar la vida de los vecinos, no es tan sencillo. El Ministerio de Ambiente ha resuelto ya los expedientes de 166 núcleos y ha vetado la legalización de 149 de ellos, permitiendo solo que 17 pasen a integrarse en la disciplina urbanística municipal. En otros 52 casos, el Gobierno central aún no se ha pronunciado porque sigue estudiando las solicitudes de los ayuntamientos.
Todas estos núcleos están levantados en la llamada zona de servidumbre de protección, una franja de terreno de 100 metros de ancho a contar desde la línea de playa. El problema radica que en su día, cuando se aprobó la Ley de Costas en 1988, los respectivos ayuntamientos no pudieron probar, bien por desconocimiento o por error, que esas poblaciones ya existían antes de ese año. Y eso hizo que quedaran integradas en la franja de protección y pasaran a depender de la Demarcación de Costas del Estado y se aplicara una norma con severas restricciones urbanísticas.
Así, no se pueden desarrollar ni realizar nuevas infraestructuras, además de quedar prohibidas nuevas edificaciones y las ampliaciones. Solo se admiten reformas básicas de mantenimiento, pero tras superar una compleja tramitación administrativa. Cambiar las ventanas o un tejado requiere un arduo trabajo con los permisos. Todo ello afecta al valor de la vivienda y dificulta sobre manera cualquier operación de traspaso o compra-venta, además de dificultar la introducción de nuevos servicios.
Para corregir este embrollo, la reforma de la Ley de Costas de 2013 abrió un proceso de regularización exprés, dando a los concellos la posibilidad de volver a solicitar la legalización de esos núcleos de población levantadas a la orilla del mar y que en muchas ocasiones tenía un origen marinero. Los ayuntamientos tenían que identificar esos asentamientos -en los que se calcula que hay unas 12.500 viviendas- y pedir que se rebajara a 20 metro la zona de servidumbre, para así incorporarlos a la disciplina municipal y permitir un desarrollo urbanístico ordinario sin mayores exigencias que las que requiere el concello al resto de las poblaciones de su término municipal.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, fueron 45 los municipios -20 de Pontevedra, otros 20 de A Coruña y 5 de Lugo- que se acogieron al proceso exprés para intentar legalizar 218 núcleos marinero. La tramitación ya acabó para 166 de ellos y solo obtuvieron el indulto de Costas para su regularización el 10% -17 núcleos marineros-. Solo estos serán los que de momento pasarán a integrarse en la ordenación municipal.
De ellos, nueve pertenecen a la provincia de Pontevedra, Aguete Sur, Loira, Teoira y Casás en Marín, Rocamar (Baiona), As Eiras (O Rosal), Castro (Gondomar) y A Golada y Prado-Patos (Nigrán). Otros cinco pertenecen al concello coruñés de Muros: A Bornale-O Cruceiro, Surribos, A Viña, A Robaleira y Valdexería. El Ministerio de Medio Ambiente no facilitó los nombre de los otros tres núcleos que han superado la tramitación, así como tampoco la relación de los 149 que no la aprobaron. Pero, está claro que nueve de cada diez seguirán bajo la competencias de Costas.
Sobre otros 52 asentamientos, los técnicos del ministerio continúan revisando la documentación enviada por los concellos, pero aún tardarán unos meses en concluir la.
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Solo once municipios recurrieron a la mediación de la Xunta
- La última reforma de la Ley de Costas abrió la puerta para que los concellos pudiesen regularizar los núcleos marineros situados a menos de 100 metros de la costa que están fuera de la disciplina urbanística municipal. Pero se trata de un proceso no exento de dificultad, a lo que se suma además que no todos los ayuntamientos afectados recurriesen al proceso exprés para regularizar sus asentamientos costeros. De hecho, solo se acogieron a esta posibilidad 45, cuando la Xunta entiende que serían 87 los ayuntamientos que cuentan con alguna población sin legalizar, si bien no existe un censo cerrado con todas las localidades afectadas por la Ley de Costas.La escasa reacción de los municipios gallegos motivó a la Xunta el pasado mes de septiembre a ofrecer su mediación para tramitar ante el Ministerio de Medio Ambiente la legalización de estos núcleos tradicionales costeros. Sin embargo, nueve meses después solo once han pedido ayuda al Gobierno gallego.Del total de 87 ayuntamientos a los que la Xunta ofreció asesoría técnica por carta, únicamente han aceptado la mediación Arteixo, Fisterra, Mugardos, Boiro, Cabanas, Cervo, Sanxenxo, Redondela, Cambados, Vilaboa y O Grove.Acabado el proceso exprés, no se cierra la puerta a la legalización de los núcleos marineros sobre los que no se pudo acreditar su existencia antes de 1988 o que actualmente cuenten con unas condiciones mínimas de urbanización y servicios públicos comunes, pero la tramitación a partir de ahora se vuelve mucho más compleja para los municipios.
