El retraso en el pago de las facturas sanitarias le costará a las arcas autonómicas 8,7 millones de euros. Esta es la cantidad que tuvo que liberar el pasado mes de abril la Consellería de Sanidade para hacer frente a los recargos por haber pagado incumpliendo los plazos legales a parte de sus proveedores hospitalarios entre los años 2010 y 2012, periodo durante el cual la Xunta de Alberto Núñez Feijóo sostuvo que abonó facturas de media por debajo de los 45 días fijados por ley. El tope de un mes para satisfacer cualquier servicio estaba aprobado desde 2010, pero no entró en vigor hasta tres años más tarde. "Queremos resaltar que la Xunta paga en tiempo y forma", presumió en septiembre de 2010 el máximo mandatario autonómico.
El departamento dirigido por Jesús Almuíña, que accedió al cargo en octubre pasado, solicitó en abril a la Consellería de Facenda permitirle acceder al fondo de imprevistos de la administración para asumir el coste de su tardío pago de material y servicios, circunstancia que choca con el mensaje oficial lanzado por la Xunta entre 2010 y 2012. En la actualidad abona sus facturas de media en algo menos de 30 días.
Durante ese período estuvieron al frente de Sanidade Pilar Farjas (2009-2011), que luego ocupó la Secretaría de Estado del ramo, y Rocío Mosquera, que dejó el puesto en octubre pasado, señalada por Feijóo tras los problemas de puesta en servicio del nuevo hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) necesitó 8,73 millones en concepto de "intereses de demora correspondientes al abono de los intereses derivados de sentencias judiciales, así como, en muchos casos, a los intereses legales devengados por las cantidades líquidas de los intereses en 2015", según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este diario.
Fuentes del departamento de Almuíña reconocen que este cargo tiene como objeto abonar el recargo que fija la ley por el retraso en el pago de servicios o material y cuya cifra rebajó la Xunta en 2013 respecto a los topes marcados por la legislación estatal. Esos suponían un 8,75% adicional, pero, por ejemplo, la Xunta mantuvo un pulso con las empresas constructoras por pagarles entre un 2 y un 5% de ese plus. Entre 2005 y 2013, según detalló el Ejecutivo, estos recargos supusieron un coste de 10,6 millones de euros. El Sergas se ha visto ahora obligado a pagar 8,7, una cifra similar a la abonada a las constructoras en ocho años.
Hace tres ejercicios, Feijóo justificó su decisión de reducir el porcentaje del recargo por pagar tarde -un porcentaje anual sobre el volumen de la factura- porque suponía un "gran negocio" para las empresas, así como "malgastar el dinero de los gallegos".
Desde Sanidade, sostienen que a partir de 2013 los proveedores comenzaron a cobrar en plazo, por lo que no deberían producirse más desembolsos de este tipo que encarecen la factura final de un servicio. "Pero las facturas siempre se pagaron, aunque fuese tarde", insisten desde el departamento.
El Sergas analizó sus partidas presupuestarias de este ejercicio y se vio obligado a recurrir al fondo de imprevistos ante "la imposibilidad de financiar" los citados 8,7 millones, según consta en el expediente tramitado por la Consellería de Facenda, que autoriza la operación mediante un informe favorable.
De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de febrero, ocho autonomías presentan un periodo medio de pago por debajo del mes. La clasificación está liderada por Navarra (4,6 días), País Vasco (6,75), Castilla-La Mancha (15,2), Canarias (15,3), Asturias (20,7), La Rioja (22,7), Galicia (29,5), y Andalucía (29,9). En el lado opuesto se encuentran Extremadura (101,6), Aragón (78,7), Comunidad Valenciana (69), Murcia (64), Baleares (58,7), Castilla y León (56,1), Madrid (35) y Cantabria (33,9) y Cataluña (31,6).
