La empresa pública de la Xunta que gestiona el suelo, Xestur, se prepara para una nueva ampliación de capital. Se trata de la cuarta operación de este tipo en poco más de dos años, que en total sumarán más de 90 millones de euros destinados a sanear las cuentas de una sociedad que arrastra números rojos desde la etapa del gobierno bipartito. En este caso, la nueva ampliación de capital será por 18 millones de euros que se dedicarán en exclusiva al pago de las expropiaciones de terrenos que quedaron sin pagar, según la actual Xunta, durante la gestión del Ejecutivo formado por PSOE y BNG entre los años 2005 y 2008.
Los 18 millones se irán íntegramente para abonar la compra de fincas en las que se construyeron parques industriales de la mano de Xestur y se los repartirán casi 600 expropiados, por lo que de media a cada uno le tocarán 30.000 euros. Este pago se realizará en año electoral.
La decisión se tomará en una junta general extraordinaria de accionistas convocada para el 14 de junio, que posteriormente deberá ser ratificada por el Consello de la Xunta. "La relación de parques promovidos por el bipartito en los que se van a pagar expropiaciones no se puede difundir mientras no la apruebe la junta de accionistas, pero podemos adelantar que son cerca de 600 expropiados los que se van a beneficiar cobrando las deudas que les dejó el gobierno anterior", explica la Consellería de Vivenda e Infraestruturas, de la que depende Xestur.
Esta será la segunda ampliación de capital de 2016 y la cuarta en poco más de dos años, todas ellas suscritas íntegramente por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, dado que las cuatro diputaciones provinciales, con participaciones poco más que testimoniales en Xestur, renuncian a entrar en la operación, como ya hicieron las otras tres veces.
En la anterior ampliación de capital, el importe fue de 12,4 millones de euros, que se destinaron a amortizar parte de la deuda financiera contraída por la empresa pública, que al arranque del ejercicio ascendía a 135,6 millones de euros. En el año 2014 se realizó otra por 32 millones y en 2015 se aportaron otros 31 millones. Los motivos fueron los mismos, afrontar las deudas ya que los ingresos por actividad son insuficientes para hacer frente al pasivo de la sociedad pública participada por la Xunta con el 96%.
El actual Gobierno del PP insiste en que estas operaciones "están originadas por la gestión irresponsable del bipartito", que entre los años 2005 y 2008 emprendió una etapa de expansión que le llevó a endeudarse con la banca por 180 millones de euros y con los proveedores por otros 80 millones.
Entre los proyectos que fracasaron -dado que una vez ejecutados no se pudieron vender al estallar la crisis económica- figuran los suelos de carácter residencial de Valdecorvos (Pontevedra), Garabolos (Lugo), O Bertón (Ferrol) o el Ofimático de A Coruña, o la Plisan de Salvaterra-As Neves.
En 2005 la deuda financiera de Xestur -por entonces había una por provincia- era de 30 millones, pero en 2008 se había disparado hasta los 180 millones para hacer frente a la compra de suelo y su posterior urbanización. Ya con el PP en la Xunta, se tuvieron que fusionar en una única entidad las cuatro Xestur, reducir gastos y elaborar un plan de viabilidad que tuvo que reestructurar, ya en 2013, la deuda financiera con diez bancos. En noviembre de 2015 se renegociaron las condiciones y se suscribió un nuevo préstamo con Abanca por 135,6 millones que permitió cancelar el sindicado de 2013.
