El juez investiga si dos altos cargos del Sergas "retrasaron" los tratamientos de la hepatitis C

Cita a declarar a Félix Rubial, gerente del Chuvi, y a la subdirectora de Farmacia por presunta prevaricación - La Fiscalía ve tambien indicios de delito de homicidio por imprudencia grave

19.04.2016 | 15:21
Protesta de afectados por la hepatitis C en Santiago para reclamar acceso a los fármacos. // Xoán Álvarez

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar el próximo 28 de abril en calidad de investigados a dos altos cargos del Sergas por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación al "retraso" en el suministro de los fármacos a pacientes con hepatitis C. Se trata del exdirector de Asistencia Sanitaria y actual gerente del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Félix Rubial, y de la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. El juez abre diligencias a instancias de la Fiscalía, que en su escrito remitido al juzgado aprecia además indicios de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional. Así, el fiscal considera que hubo "retrasos injustificados" en el suministro de medicamentos a los afectados "hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes, con resultado de muerte en alguno de los supuestos" y concluye que esta demora "obedeció a razones de tipo persupuestario del Sergas y no de contenido médico o clínico".

El Ministerio fiscal, que actuó en respuesta a una denuncia formulada por Batas Blancas, cita en su escrito hasta nueve enfermos de hepatitis C que entre los años 2013 y 2015 sufrieron retrasos de hasta siete meses en la medicación y, al menos siete de ellos, fallecieron. En uno de los casos, el paciente, atendido en el Hospital de Monforte, logró el tratamiento después de que su médica escribiera una carta a la Xunta alertando de la gravedad del caso "saltándose todos los trámites", según la Fiscalía.

La hepatitis C tiene una alta mortalidad pero fármacos innovadores como el Sovaldi, autorizado a finales de 2013, han resultado muy eficaces en el tratamiento de la enfermedad. El problema está en su elevado coste que puede llegar a más de 50.000 euros anuales, de manera que la sanidad pública solo autorizaba el tratamiento a aquellos enfermos con una situación más grave como cirróticos o trasplantados.

Sanidade, dirigida en esa época por Rocío Mosquera, creó en 2012 una subcomisión para el tratamiento de la hepatitis C que se integró dentro de la Comisión Autonómica Central de Farmacia que presidía el director xeral de Asistencia Sanitaria y en la que la subdirectora de Farmacia ocupaba la vicepresidencia. Cuando los pacientes cumplían con los requisitos para ser tratados con Sovaldi su médico autorizaba la prescripción pero era la comisión de Farmacia la encargada de autorizar en última instancia el tratamiento.

La Fiscalía describe casos en los que a pesar de que la medicación había sido solicitada por los médicos, incluso en reiteradas ocasiones, y pese a que el laboratorio había dado el visto bueno para financiar la mitad del tratamiento, la Xunta se demoró hasta siete meses en dar una respuesta. En algunos casos, según relata, el tratamiento se autorizó cuando el paciente ya había fallecido. En otros, los fármacos se suministraron cuando la salud del enfermo ya estaba muy deteriorada hasta el punto de que morían poco después.

En su escrito el fiscal llama la atención sobre el hecho de que la Xunta "hace constar como día de entrada" de alguna de las solicitudes de tratamiento a enfermos de hepatitis C una fecha posterior a la que viene recogida en los correos remitidos por los médicos al Sergas solicitando el fármaco.

Por eso, la Fiscalía concluye que se "dilató la toma de decisiones y la puesta en marcha de mecanismos de contratación y financiación de la compra de dicha medicación eludiendo dar respuesta a los facultativos en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica".

De hecho en su escrito advierte que el director xeral de Asistencia Sanitaria "incumplió la legalidad tanto presupuestaria como de contratación" ya que en lugar de sacar a concurso público el suministro de Sovaldi fraccionó su compra y "delegó la responsabilidad de forma irregular en los centros de gestión integrada".

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