La nueva Lei de Transparencia de la Xunta entrará en vigor el próximo 9 de marzo. Esta nueva norma establece por primera vez en Galicia la obligación para todos los altos cargos de la Administración autonómica de hacer pública su declaración de bienes y patrimonio -hasta ahora solo la difundían los conselleiros y el presidente de la Xunta-. Sin embargo, los cargos que ejercen ahora puestos de responsabilidad en el Gobierno gallego quedarán eximidos de rendir cuentas de forma inmediata y únicamente se someterán a esta exigencia cuando cesen en su actividad. Según explican desde Vicepresidencia, la norma no tiene carácter retroactivo y, por lo tanto, solo se aplicará en el momento en que se realice un nuevo nombramiento y cuando se produzca un cese.
Hasta ahora solo los conselleiros y el presidente de la Xunta estaban obligados por ley a hacer pública su declaración de bienes y patrimonio. La nueva ley de transparencia, que se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), extiende esta obligación a los delegados territoriales, los secretarios xerais, los secretarios técnicos, los directores xerais, así como los presidentes y responsables de los entes instrumentales, los jefes de gabinete y de prensa, la presidenta del Consello Económico e Social y todos aquellos otros puestos de responsabilidad cuyo nombramiento se realice mediante decreto de la Xunta.
Sin embargo, las personas que ocupen actualmente estos cargos públicos quedarán libres de presentar la declaración de bienes y patrimonio cuando entre en vigor la ley el próximo 9 de marzo. La norma estipula que deberán rendir cuentas a los tres meses de ser nombrados y tres meses después de abandonar su actividad, pero solo afectará a las designaciones y a los ceses que se produzcan a partir de ahora.
Son varias las exigencias que deberán cumplir los nuevos altos cargos que tomen posesión a partir de la entrada en vigor de esta ley. En primer lugar, tendrán que presentar una declaración de actividades donde indicarán cualquier actividad, negocio, empresa o sociedad pública o privada que les proporcione ingresos o en la cual tengan participación o intereses. Deberán indicar además todas aquellas actividades que hayan desempeñado en los dos años anteriores a su toma de posesión así como las renuncias o ventas de participaciones en empresas que realizaran durante ese periodo.
Por otro lado, deberán presentar declaración de bienes y patrimonio, así como la última declaración del IRPF y el impuesto de patrimonio. La enumeración de los bienes que posean se hará solo cuando tomen posesión y cuando se marchen, pero las declaraciones tributarias de la renta y de patrimonio se actualizarán anualmente cada mes de julio.
La nueva ley obligará además a los altos cargos a remitir al Parlamento "periódicamente" información sobre los viajes que realicen justificando los motivos. Los nuevos cargos públicos no podrán tener dinero en paraísos fiscales ni durante el ejercicio de su actividad ni en los dos años posteriores.
Incumplir estas obligaciones puede acarrear para el cargo público desde la destitución hasta diez años de inhabilitación o penalizaciones económicas equivalentes al 10 por ciento de su salario mensual, según la gravedad.
También vinculado a la transparencia, pero, en este caso, de las administraciones locales, el presidente de la Federación Estatal de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, firmó un convenio con el Consejo de la Transparencia para asesorar y formar a los municipios con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el derecho a la información pública.
