El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a perdonar un total, o al menos parte, de los 114.927 millones de euros que deben las comunidades autónomas al Estado si logra los apoyos suficientes para sacar adelante su investidura. Las negociaciones entre el líder socialista y Compromís de Valencia ponen encima de la mesa su disponibilidad a asumir el pago de las cantidades que el Gobierno de Mariano Rajoy prestó a las comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros fondos adicionales. La decisión, aunque sea para todas las comunidades que se acogieron a esta vía de financiación adicional, beneficia a aquéllas que por su elevada deuda motivaron la creación del mecanismo compensatorio, como Cataluña,Valencia y Andalucía. En el caso de Galicia, no acudió al FLA, pues era capaz de financiarse a un interés razonable en los mercados y así evitaba el control del Ministerio de Hacienda sobre su gasto. Comunidades como Cataluña o Valencia, necesitadas de liquidez, al no encontrar bancos que les quisieran dar préstamos o hacerlo a cambio de condiciones muy duras buscaron la protección del Gobierno central, aún a costa de ceder autonomía financiera.
Galicia sí participó en el Fondo de Facilidad Financiera, puesto en marcha pensando especialmente en las comunidades cumplidoras del déficit y que podían financiarse en los mercados. El Ministerio de Hacienda les ofreció interés cero y la Xunta pidió 1.392 millones de crédito.
El Gobierno tripartito de Valencia, formado por los socialistas valencianos, Compromís y Podemos, tiene en su elevada deuda autonómica uno de sus principales caballos de batalla y los 4 diputados de Compromís en el Congreso están dispuestos a hacer valer sus escaños para aminorar una pesada carga financiera que compromete la sostenibilidad de sus servicios públicos esenciales. El compromiso de Pedro Sánchez para conseguir el apoyo de los diputados de Compromís consistiría en asumir los vencimientos, mediante una refinanciación con los acreedores, del rescate que recibieron las autonomías para poder pagar el "día a día" en los peores años de la crisis. En total, el Fondo de Financiación ha repartido 114.927 millones de euros, aunque el grueso de esa cantidad fue para Cataluña (39.461 millones), Valencia (27.112 millones y Andalucía (18.706 millones de euros. Esas tres autonomías se llevaron casi tres cuartas partes de la "tarta" de esa financiación adicional.
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Los cuatro parlamentarios de Compromís fueron a las elecciones en coalición con Podemos, pero tras la cita con las urnas el 20-D decidieron irse al Grupo Mixto y no integrarse en el Grupo de Podemos, después de que la Mesa del Congreso no permitiera a las confluencias de Podemos formar grupos territoriales. En cambio, los seis diputados de En Marea sí se integraron en el grupo del partido morado. El PSOE negocia de tú a tú un pacto de gobierno con Compromís, pero no con En Marea.
Otro de los compromisos contenidos en el documento que el PSOE ha entregado al resto de partidos con los que negociará la posible investidura de Pedro Sánchez estriba en la reforma del sistema de financiación autonómica. Los socialistas están por la labor de cerrar un nuevo modelo en poco más de medio año. Es decir, a lo largo de 2017 debería estar lista la nueva financiación regional, que corrija la actual, criticada por gobiernos autonómicos de distinto signo político.
El actual sistema, aprobado durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, contemplaba una revisión quinquenal que, por ahora, no se ha producido porque Mariano Rajoy entendió que una economía lastrada por la crisis no era el mejor escenario para inyectar recursos al sistema, una de las principales demandas de la práctica totalidad de comunidades autónomas del régimen común (todas excepto Navarra y el País Vasco).
El documento presentado por el PSOE al resto de fuerzas políticas con las que negocia la investidura en el Congreso establece un plazo de un mes, a partir de la investidura, para la creación de una subcomisión de trabajo sobre la reforma del modelo de financiación y seis meses para cerrar el nuevo modelo.
Son unos plazos dignos de récord y, a priori, difíciles de cumplir si se tiene en cuenta que el vigente precisó más de tres años de negociación, con Pedro Solbes y Elena Salgado, y que la actual atomización del Congreso, en principio, supone un obstáculo añadido para la consecución de acuerdos entre partidos y autonomías de amplio espectro político.
