PPdeG y PSdeG aprueban la ley de transparencia con la abstención AGE, BNG y Grupo Mixto

La oposición valora la "colaboración" del PP, pero critica el silencio administrativo negativo y demanda más coto a puertas giratorias

23.12.2015 | 15:22
Feijóo y Alfonso Rueda en el Parlamento. //X. Álvarez

El Parlamento gallego ha aprobado este miércoles la Ley de transparencia y buen gobierno de la Administración autonómica con los votos del PPdeG y PSdeG, mientras AGE, BNG y Grupo Mixto se han abstenido porque, a pesar de los "avances muy significativos" durante su tramitación, todavía identifican "taras" de "opacidad".


Entre otras cuestiones, esta ley incluye que los altos cargos que nombre el Gobierno autonómico, incluidos los de los entes paralelos, tienen la obligación de hacer público su patrimonio al tomar posesión y al cesar, además de comunicar sus actividades laborales en los dos años anteriores al nombramiento y las que acometan al dejar el cargo.


También se limitará la acción del gobierno en funciones, que no podrá asumir nuevos compromisos de gasto salvo excepciones justificadas ni remitir proyectos de ley a la Cámara, además de regular el traspaso de poderes. Asimismo, se potenciará un portal de transparencia para que la ciudadanía pueda acceder a información.


Aunque durante el trabajo parlamentario los grupos de la oposición llegaron a pedir la devolución del texto impulsado por el PP, este miércoles el PSdeG lo ha apoyado, mientras el resto se ha abstenido.


Durante el debate en pleno antes de la aprobación de esta ley, Marisol Soneira (PSdeG) ha remarcado que su grupo apoya este texto, puesto que su tramitación "lo que mejora es mucho más de lo que deja por el camino", y ha hecho "mención especial" al "nivel de colaboración" de la diputada popular Paula Prado.


Por su parte, la popular Paula Prado ha echado en cara a BNG, AGE y Grupo Mixto que "no tienen motivos de peso para no votar a favor de esta ley".


Silencio administrativo negativo y puertas giratorias

Dos de las cuestiones en las que ha coincidido la oposición a la hora de buscar aspectos negativos de la ley ha sido la de los efectos del silencio administrativo negativo y la demanda de un mayor coto a las puertas giratorias entre administración pública y empresa privada.


Al respecto, Xabier Ron (AGE) ha criticado que, pese a los avances, en la ley quedan aspectos de "opacidad", puesto que se reservan "prerrogativas" como el silencio administrativo negativo, que "van a hacer que la ley sea como un boicot" por parte de la administración al acceso a la información que no le interese. Una cuestión que "limita el alcance de lo que se pretende hacer" con la norma.


Asimismo, Tereixa Paz lamenta que con este texto "no se va a poder regular en su totalidad" aspectos de las puertas giratorias, ya que "no es lo mismo" que un cargo público pueda ir a trabajar a "una mercería de Ourense" que a ACS.


Junto a esto, Marisol Soneira (PSdeG) ha reclamado la necesidad de que se hagan informes públicos y se remitan al Parlamento sobre obras que "se hagan por encima de su presupuesto" o de "por qué varían condiciones de adjudicación", y ha puesto como ejemplos los ocurrido en la Cidade da Cultura, el hospital de Vigo o la autovía da Costa da Morte.


Consuelo Martínez (AGE) ha apuntado que le "encantaría" votar a favor del texto, pero "es muy mejorable aún", pues "una de las cosas que más chirrían es el silencio administrativo negativo".


Con todo, la oposición ha valorado que los populares hayan accedido a incluir mejoras como la obligación de dar información en relación con los convenios urbanísticos que en el pasado "dieron lugar a prácticas corruptas", así como la obligación de publicar las agendas institucionales y de personas que ocupan altos cargos.


Posición del PP

En su toma de la palabra, Paula Prado ha defendido que tras el trabajo parlamentario se ha ampliado el grupo de documentos a hacer públicos, al tiempo que se mejora la eficacia del órgano controlador.


Así, Prado ha puesto en valor que de las más de 280 enmiendas presentadas por la oposición, los populares han admitido "más del 60%" de las del PSdeG, más del 45% del BNG, alrededor del 20% del Grupo Mixto, aunque ha criticado que "era muy difícil aprobar enmiendas" de AGE, pues si el proyecto de ley "fue mejorado", asegura, "no fue gracias a AGE", porque "las enmiendas que se presentó no tenían nada que ver con transparencia".


Al respecto, ha criticado que la petición de AGE para hacer pública la lista de todos los que reciben subvenciones por parte de la Administración haría que se diesen datos sobre "mujeres víctimas de violencia de género" o personas perceptoras de la Risga. De tal forma, Prado defiende que el silencio administrativo negativo "es una garantía de derechos de la ciudadanía".


Una cuestión que ha sido rebatida por Xabier Ron, ya que "no es cierto" que se vaya a vulnerar la intimidad de esos colectivos, porque ya "tienen su propia normativa que los protege", sino que cree que el PP busca "el secreto" en favor de "las puertas giratorias".


Finalmente, Prado ha aprovechado su intervención para despedirse de la Cámara gallega tras ser elegida senadora. "Espero que la Cámara alta tenga mayor nivel que el que demostraron algunos grupos en esta legislatura", ha espetado a la oposición.


Ley y portal de Transparencia

A partir de la entrada en vigor de esta ley, la ciudadanía podrá encontrar en el Portal de Transparencia gallego el registro de entes dependientes, las relaciones de puestos de trabajo y cuadros de personal, el número de liberados sindicales y su coste, los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y los convenios colectivos vigentes, así como la relación de órganos colegiados adscritos a cada departamento y a su composición.


Lo mismo ocurrirá con la información completa sobre la deuda pública de la Comunidad, la relación de la normativa vigente en Galicia, las resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o a la interpretación de esta normativa, así como los informes y dictámenes que, sobre los proyectos de ley y de reglamento, emitan tanto los órganos de control interno de la Xunta como los de control externos, y el calendario legislativo del Ejecutivo autonómico.


También se recogerá el tiempo medio de pago de las facturas en el sector autonómico, la relación de los bienes muebles de especial valor cultural o histórico-artístico de la comunidad, el número y el uso de los vehículos de su parque móvil, la composición de las mesas de contratación y la información sobre los motivos de la selección de los licitadores admitidos y de la valoración de las ofertas presentadas, así como los documentos de planificación urbanística.


También se incluye la obligación de la administración a asistir y orientar a la ciudadanía para ejercer este derecho a información. Las quejas, si las hay, las resolverá el Valedor do Pobo, cuya decisión será vinculante.


La ley amplía el control sobre el régimen de incompatibilidades, toda vez que extiende a todos los altos cargos --y no sólo a los miembros del Gobierno-- la obligación de publicar, tanto en el momento de su nombramiento como de su cese, su situación patrimonial.


También se obliga a hacer pública la relación de actividades que el alto cargo en cuestión desempeñó en los dos años anteriores a su toma de posesión, introduciendo el deber de abstención en asuntos que afecten a las entidades privadas en las que formasen parte de su dirección o administración en esos años.


Asimismo, se introduce la obligación de que, durante los dos años posteriores al cese, las personas que fueran altos cargos de la Xunta informen de cualquier actividad que vayan a realizar a la Oficina de Incompatibilidades, parea que ésta informe de si la actividad en cuestión se ajusta o no al régimen de incompatibilidades.

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