Desde junio de 2010, a las puertas de la fusión de las dos cajas de ahorros de Galicia, el crédito en la comunidad se desplomó casi un 40%, el mayor recorte del país. De los más de 72.000 millones de euros que llegó a alcanzar la financiación, su máximo histórico, a los 44.059 millones. O, lo que es lo mismo, 28.000 millones menos justo cinco años después, con una caída media diaria de 15 millones, según las últimas estadísticas del Banco de España. Lo denunciaron las principales agrupaciones de empresarios y también la Xunta lo admitió en varios informes económicos, incluso en sus presupuestos. Que la falta de riego al tejido productivo lastra la salida de la crisis y deja con la soga al cuello a muchas compañías que vieron suspendidas sus líneas de liquidez en el peor momento posible. Para analizar a fondo los problemas de acceso al crédito, la Consellería de Economía, Emprego e Industria realizará un informe de evaluación, que incluye, entre otras medidas, entrevistas con las entidades financieras que operan en Galicia y los empresarios. Con el resultado del estudio, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) diseñará sus instrumentos de apoyo a cargo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) hasta 2020.
La Xunta marca tres "ámbitos estratégicos y objetivos temáticos". Por un lado, las inversiones para la mejora de la competitividad de las pymes gallegas, emprendimiento, fondos de capitalización y crecimiento. A eso se une la financiación de inversiones relacionadas con la innovación e I+D. La tercera pata es la eficiencia energética. Ante la falta de "los medios disponibles necesarios" para realizar el examen y a la vez mantener la actividad ordinaria, el Igape echa mano de una auditoria externa, que además le proporciones "asistencia especializada en materia jurídica y financiera". El proceso competitivo que acaba de cerrar la administración autonómica deja a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) como ganadora, por encima de la otra candidata, Red2Red Consultores. El coste del contrato para siete meses alcanza los 102.800 euros.
La evaluación, obligatoria antes de poner en marcha los instrumentos de apoyo a las empresas, busca fotografiar "la situación real de acceso al crédito y otras formas de financiación por parte de las empresas". Hay que estudiar "el tamaño del mercado y la demanda potencial", la oferta financiera "nacional y regional" y determinar "en qué medida se encuentran cubiertas las necesidades de financiación de las empresas". "Los fallos de mercado -remarca el contrato- atenderán a las posibles deficiencias e ineficiencias en la distribución y asignación de los recursos ya existentes". Se habla incluso de posibles "situaciones de inversión sub-óptimas".
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A partir de ahí, PwC deberá establecer "cuantitativa y cualitativamente" el tipo de subvenciones que se consideren idóneas y por qué no lo serían otras. El contrato incorpora la obligación de estimar los recursos públicos y privados adicionales que se pudieran requerir y la "remuneración preferente para atraer y captar recursos procedentes de inversores privados". Con todo eso se elaborará un "esquema preliminar de la estrategia de inversión propuesta", que, como mínimo, contará con "las opciones de implementación para cada instrumento previsto, la previsión de los productos financieros que se ofertarán, las empresas objetivo" y "la definición del posible esquema de cofinanciación previsto, especialmente la combinación con subvenciones".
