La economía sumergida ha sido señalada desde el estallido de la crisis como una de las rémoras para lograr una recuperación sostenible y para evitar recortes del gasto público. La caída de Lehman Brothers a finales de 2008 generó una crisis mundial que alcanzó a Galicia y España el ejercicio siguiente, a partir del cual la lupa de la administración comenzó a centrarse en detectar casos de fraude. El ámbito de la contratación fue uno de los que más atención recibió y las sanciones por empleo "en negro" comenzaron a elevarse año tras año en una tendencia que se rompió en 2014. El pasado ejercicio, la Inspección Laboral impuso multas por valor de 8,4 millones de euros, la segunda cifra más abultada desde 2008, pero 300.000 euros menos que en 2013, rompiendo la tendencia alcista.
El fraude en el ámbito laboral daña la recaudación fiscal, pero también ilustra la precariedad de las condiciones de empleo. Las sanciones cayeron de 2008 a 2009 de seis a 5,4 millones y a partir de ahí comenzó un ascenso que en 2012 se disparó desde los 6 a los 8,2 millones justo en el peor momento de la crisis y con las peores cifras de desempleo. La cifra batió su récord histórico un año después al llegar a los 8,7 millones, a pesar de que se registraron 2.455 infracciones, doce menos que un año antes y 650 menos que el tope de 2010, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Empleo.
A lo largo del año pasado, el descenso en la cuantía de las multas estuvo acompañado también de una caída en las irregularidades detectadas, que pasaron de 2.455 a 2.313, lo que supone un descenso del 5,7%, superior al 3,7% registrado en los importes.
El principal motivo de fraude en el ámbito laboral radica en contar con personal que no está dado de alta en la Seguridad Social, aspecto que copó 1.389 de las multas impuestas a lo largo del año pasado, es decir, seis de cada diez. El resto de distribuyó entre aquellos casos tanto de empresarios como de trabajadores en que, aun estando dados de alta, no se abonaban correctamente las prestaciones a la Seguridad Social. Las irregularidades que afectan a extranjeros, fundamentalmente por contratos sin que estos contasen con el permiso legal de trabajo, completan las cifras.
La imposición de multas, tanto a empresas como a empleados, no son la única forma de castigar que tiene el ministerio. Las irregularidades provocaron la retirada de alguna prestación a 599 gallegos el año pasado -viudedad, invalidez...-, de las que 420 correspondían a la paga de desempleo. Se trata de la tercera cifra más elevada desde que comenzó la crisis tras las 476 de 2012 y las 452 de 2008.
