Un penalista vigués reconoce que "revocar" el veredicto de un jurado "no es tarea fácil para un abogado, pero se puede hacer". Es lo que intentará, porque ya lo ha anunciado así, la defensa de Rosario Porto y, previsiblemente, la de Alfonso Basterra. No obstante, los padres de la pequeña cuyo cuerpo apareció hace más de dos años en una pista forestal cercana a Santiago tendrán que tener paciencia y por ahora seguirán en prisión, porque antes de nada el magistrado presidente del tribunal del jurado, Jorge Cid, debe emitir una sentencia acorde con el contundente veredicto de culpabilidad dictaminado por los nueve integrantes del jurado por unanimidad.
La ley no le pone un plazo para hacerlo, aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia habla de "unas semanas". En todo caso, tiene que tomarse un tiempo, porque, como explica la abogada Paula Mosteiro, debe "motivar la culpabilidad y decidir la pena que le caería a cada uno de ellos". Le tocará dirimir si tiene en cuenta peticiones como la de la letrada de Basterra, Belén Hospido, que solicitaba que en el delito no se considerase que hubo alevosía, sino abuso de superioridad, y por tanto, se rebajaría a "homicidio". Cid, que deberá "argumentar la sentencia", tendrá un tope por arriba: los 20 años que solicita la acusación popular, pero podrá "graduar" la pena.
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Una vez que el juzgado les notifique a los acusados la sentencia, empieza a correr el tiempo. A partir de ahí, sus defensas disponen de diez días para realizar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. José Luis Gutiérrez Aranguren, el letrado de Rosario Porto, expresaba ayer en "El programa de AR" en Telecinco su deseo de no tener que recurrir a instancias superiores, aunque tras conocer el veredicto aseguró que recurriría "hasta la última instancia". "Tengo absolutamente toda la confianza en que los tribunales a los que voy a acudir, desde el Tribunal Superior, y espero no tener que seguir subiendo en el escalafón, pongan un poco de sentido común a toda esta situación", indicó. Aranguren había aludido ya a la "incredulidad" que el dictamen del jurado les suscitó a él y a su clienta, cuando esperaba, incidió, un "veredicto de no culpabilidad, clarísimamente". "La prueba apunta en la dirección contraria a la interpretación llevada a cabo por los miembros del tribunal del jurado", alegó. "En este caso", añadió, "no hay nada que pueda entenderse como probado como paso previo a esa declaración de culpa".
El letrado de Rosario Porto (que señaló en otra entrevista a "Espejo público", de Antena 3, que cree que "el veredicto tiene contradicciones flagrantes respecto a lo que era la prueba practicada") explicó que hubo algún testimonio que "se olvidó llegado el tiempo de hacer la votación", como los que dijeron que "Asunta estaba tomada de mocos y con síntomas muy notorios", "igual que otros muchos elementos que eran claramente exculpatorios". "A pesar de que nosotros no teníamos nada que probar; eran las acusaciones y no lo hicieron", recalcó.
Los argumentos de su recurso al TSXG pueden ir en esa línea, aunque los motivos para apelar en este órgano son muy variados según los juristas. Este tribunal no tiene límite de tiempo para decidir, aunque un recurso normal de apelación, sin tratarse de un caso mediático, suele tardar entre seis meses y un año, en función del trabajo acumulado.
CRONOLOGÍA | Así fue el día a día del juicio por el crimen de Asunta Basterra.CRONOLOGÍA
Si Aranguren se equivoca y el Tribunal Superior no cede, tendrá que intentarlo más arriba, en el Tribunal Supremo, aunque "una vez que se pronuncie el TSXG no es fácil tirar para arriba", señala un jurista. Porque no se trata de apelar por apelar, sino de justificar un recurso de casación, donde los motivos son "tasados". Argumentos como que no se respetó el principio de presunción de inocencia o el famoso "in dubio, pro reo", cuya aplicación cuestionó Aranguren tras el veredicto, pueden valer, admiten, así como "contradicciones" en el dictamen del jurado. Para ir a un recurso de casación por infracción de ley tienen cinco días tras la resolución del TSXG. El Supremo puede admitir o no el recurso. Si no se admite, se puede plantear un recurso de queja. Si se admite, la sala correspondiente, en este caso la 2ª, debe emitir su resolución en 10 días, aunque estos plazos, en Derecho, sean, en la práctica, orientativos.
Para emitir una resolución, tanto al TSXG como al Supremo, puede bastarles analizar todo el procedimiento, pero si por ejemplo lo que se discute es alguna prueba en su momento denegada por el juez, pueden solicitar que se practique la prueba denegada, explica Mosteiro. En ese caso, los diez días empezarían a contar al concluir la audiencia pública.
Los padres de Asunta aún tendrían otra vía para escapar de la sentencia derivada del veredicto. Si se produjese una vulneración de derechos fundamentales, hipotéticamente podrían recurrir al Tribunal Constitucional o, llegado el caso, a Estrasburgo. Todavía existe otra posibilidad diferente: la revisión de la sentencia firme. Eso ocurriría si apareciese una condena penal por falso testimonio de algún testigo de relevancia en el veredicto o alguien que aportase información que abriera nueva luz en el caso o confesase el delito.
Mientras el juez argumenta su sentencia, los padres de Asunta, hallados culpables por el jurado de su muerte, siguen en prisión, aunque fuentes jurídicas afirman que no tendrían por qué hasta que la sentencia sea firme. El fiscal le pidió al presidente del tribunal que mantuviese la prisión preventiva porque entendía que, más que nunca, existía riesgo de fuga. Según fuentes penitenciarias, se intensificó la vigilancia de la pareja en la línea de prevención de suicidios y, en el caso de Basterra, las medidas de protección ante posibles agresiones.
