La fiesta se les aguó como si de un whisky barato se tratase a 330 jóvenes a los que la Policía Autonómica sancionó el año pasado por ingerir alcohol bien en la vía pública, bien en establecimientos hosteleros. Se trata de la cifra más alta desde la entrada en vigor hace cuatro años de la nueva ley aprobada por la Xunta que elevaba el límite legal para ingerir esta clase de bebidas de los 16 a los 18 años, frontera generalizada en toda España.
La mayor parte de las denuncias a menores por infringir la ley en este punto son tramitadas por la Policía Autonómica, aunque durante el año la Guardia Civil también realiza algunos atestados, si bien en mucha menor medida. Las estadísticas del primer departamento reflejan un incremento del 55% durante el año pasado, cuando se rebasó por primera vez la frontera de las 300 denuncias. Se alcanzaron 118 más que durante el año 2013, por 213 de 2012 y 192 de 2011, primer ejercicio en que se aplicó el nuevo límite legal aprobado un año antes.
De las 330 denuncias interpuestas, la mayor parte curiosamente se corresponde con la ciudad de Lugo con 110, seguida de las 65 de Vigo, a pesar de la diferencia de población a favor de la segunda. En esta lista están empatadas con 49 Santiago y Ourense y cierran la clasificación con 35 y 22, respectivamente, A Coruña y Pontevedra
La legislación pretendía atajar el fenómeno del botellón y restringir aún más el consumo de estas bebidas, que antes de la reforma era legal para jóvenes mayores de 16 años siempre que se tratase de vino, cerveza o algunos licores. El incremento porcentual de sanciones resulta mucho mayor que el de identificaciones realizadas por los agentes autonómicos, que pasaron de 2.248 en 2013 a 2.445 el año pasado -un 8,7% más-, según los datos del departamento, dependiente de la Consellería de Presidencia.
Este incremento de sanciones se produce en un contexto en el que las intoxicaciones etílicas repuntaron un 3,8% el año pasado con 380 casos, según los datos de la Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde pública. En 2013, sin embargo, se había detectado un desplome de estos casos de 547 a 363.
La legislación entiende el consumo de alcohol como infracción leve e impone, en caso de ser la primera vez, una sanción de 601 euros como mínimo, que lógicamente recae sobre los padres. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ofrece la posibilidad de conmutar parte de la multa por trabajos sociales y de concienciación para alejarse de ese hábito. Cada hora de trabajo -bien limpieza de calles o reparación de mobiliario urbano- o cursos de formación permite descontar 20 euros.
Mayores son las multas para los establecimientos que les venden alcohol a los menores, que se enfrentan a castigos de entre 3.000 y 15.000 euros. En este punto, los datos de la Policía Autonómica rompen la tendencia alcista experimentada hasta el año pasado, cuando se impusieron 430 denuncias, 97 menos que en 2013, lo que supone un descenso del 18,4%, si bien todavía supera los datos de 2012 -322- y 2011 -138-.
La distribución urbana de estas denuncias sitúa Lugo de nuevo en primer puesto con 114, seguida de las 111 de Santiago, por 69 de Vigo, 65 de A Coruña, 53 de Ourense y 48 de Pontevedra.
"Happy hours"
Estas sanciones comprenden tanto la venta de alcohol en los establecimientos a menores de edad, como permitir su entrada o estancia "en casos en que no está permitida y en las "happy hours", o en las ofertas de promoción a bajos precios de debidas alcohólicas que incitan al consumo abusivo", según indica el informe sobre el año pasado la Policía Autonómica. También se incluyen las infracciones sobre la no inclusión de la advertencia de no ofrecer estas bebidas a los jóvenes.
