La juez que instruye la operación Zeta, trama con epicentro en A Coruña de fraude de ayudas públicas, ordenó abrir una pieza separada del caso principal para determinar las posibles responsabilidades civiles de los implicados en la presunta trama de fraude de subvenciones. A través de esta fórmula, la magistrada pretende agilizar el posible pago de indemnizaciones a las que deberán hacer frente los sospechosos si se prueba que utilizaron de forma fraudulenta subvenciones destinadas a cursos de formación. Para ello, investiga el patrimonio y las cuentas de los imputados.
En esta causa, que no está bajo secreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña se centra en la responsabilidad económica de los imputados, así como en hacer balance de las cuentas y el patrimonio que tienen para que, en caso de ser necesario, respondan con él ante la Justicia. La Policía Judicial indica en el sumario que los presuntos miembros de la organización recibieron 20 millones de euros en subvenciones entre 2008 y 2012, 15 de ellos procedentes de la Xunta.
El presunto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, se declaró en concurso voluntario de acreedores junto con su esposa, que también está imputada. Al empresario le embargaron muchas de sus propiedades debido a impagos. Su consultoría, Azetanet, que era la que organizaba la mayoría de los cursos de formación investigados, quebró. El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña dictó en septiembre un auto de declaración de concurso de acreedores del matrimonio y resolvió que ambos conservasen las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidos a la intervención del administrador concursal.
Una abogada con despacho profesional en A Coruña, con experiencia en estos asuntos, fue nombrada administradora concursal, por lo que cualquier disposición de patrimonio de Crespo está sometida a su autorización.
La semana pasada, la juez decretó la imputación de 23 nuevas personas en el caso, en el que hay un total de 30. Los sospechosos fueron citados por la magistrada para declarar entre febrero y abril del próximo año para que sus defensas tengan tiempo para leer el sumario, que supera los 20.000 folios.
El abogado de Crespo solicitará a la juez que también cite para testificar a Pachi Lucas, a quien el empresario presenta como el "amigo de Feijóo" al que pagaba 3.000 euros al mes para que le consiguiese contratos públicos. Crespo, además, sostiene que fue Lucas quien le alertó, en mayo de 2012, cuando la operación era secreta, de que la policía le seguía la pista. "Ya era tarde", indicó el imputado, ya que un mes después la Policía Judicial se personó por sorpresa en sus empresas para registrarlas.
El sumario revela el entramado de sociedades que dirigía el presunto cabecilla. Crespo, según la Policía Judicial, era propietario de 11 empresas y 3 asociaciones, 2 de ellas de discapacitados. La documentación atestigua que los funcionarios investigaron a fondo las cuentas de Crespo. Así, aseguran que su patrimonio superaba los cuatro millones de euros y que sus gastos mensuales, entre los que enumeran el pago de hipotecas o colegios, superaban los 5.000 euros.
A los investigadores también les llamó la atención el sueldo de 4.500 euros netos al mes que afirman que se aprobó percibir el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño. La entidad, según la Policía Judicial, carecía de socios y compró listas de autónomos para intentar tener representatividad estatal y poder optar a subvenciones del Gobierno central. El 091, además, concluye en el sumario que Calviño utilizó 700.000 euros de las ayudas públicas que percibió Caype para reformar una casa en ruinas de la que era propietario situada en las cercanías de la mina de Corcoesto.
El presidente de la entidad de autónomos comenzó a remodelar la vivienda en 2008, justo cuando aprobó en una junta directiva a la que solo acudieron él y otro de los imputados que su sueldo sería de 4.500 euros al mes. Los pagos a las empresas que realizaron las obras de la casa los realizó en B, según la Policía Judicial.
