En el último debate del Estado de la Autonomía PP y PSOE pactaron dotar al Consello de Contas de competencias en materia de corrupción. El conselleiro maior, Xesús Palmou, -que asumió el cargo en funciones tras la muerte de Luciano Fariña- asume la encomienda pero avisa que necesitará más medios. No se pronuncia, sin embargo, sobre el contenido de los últimos informes de fiscalización de este órgano que revelan irregularidades en las ayudas a cursos de formación. "Hasta que se debata en el Parlamento no puedo hacer valoraciones", explica.
-Se va a reformar la ley del Consello de Contas para dotarlo de competencias sobre corrupción. ¿No llega tarde esta medida?
-No hay en España ningún Consello de Contas que tenga competencias en esta materia, ni siquiera el Tribunal de Cuentas. Galicia sería pionera.
-Usted propone que el Consello de Contas tenga capacidad coercitiva en materia de corrupción. ¿A qué se refiere?
-Se trata de que el Consello de Contas pueda dictar resoluciones, algunas de las cuales deben ser ejecutivas, de manera que se exija a la administración que las aplique. No sería una simple recomendación sino que tendría carácter ejecutivo.
-Y si las administraciones no cumplen, ¿serán sancionadas?
-Eso dependerá de cómo se regule. Lo que sí debe quedar claro es que si una resolución ejecutiva no se lleva a cabo, eso debe tener algún tipo de consecuencia.
-Las administraciones públicas parecen no hacer mucho caso de las recomendaciones de Contas...
-En general, muchas de las recomendaciones son atendidas.
-Si el Consello de Contas detectase irregularidades contables en alguna de sus auditorías, ¿lo trasladaría a la Fiscalía?
-Claro que sí. Nosotros enviamos todos los informes a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que analiza si hay responsabilidad contable. Si detectamos algo, ya se lo indicamos en los informes. El propio fiscal del Tribunal de Cuentas inicia un expediente, nombra un instructor y acaba con un procedimiento de reintegro de gastos. Eso cuando hay responsabilidad contable. Si hay responsabilidad penal, se manda al fiscal ordinario.
-¿Y se ha abierto alguna investigación por parte de la Fiscalía a raíz de los informes del Consello de Contas?
-Sí, sí. Hubo incluso juicios y varias condenas. Se abren expedientes con cierta frecuencia, aunque no recuerdo ahora casos concretos.
-En la auditoría que han realizado sobre los cursos de formación detectaron numerosas irregularidades. ¿Creen que este informe puede ser objeto de una investigación por parte del fiscal del Tribunal de Cuentas?
-Podría ser objeto de investigación. Pero yo no puedo hacer una valoración.
-¿Deberían ser más transparentes las administraciones públicas?
-España es uno de los pocos países que no tenía Ley de Transparencia hasta hace nada que entró en vigor. Aquellos países que tienen Ley de Transparencia tienen escasísima corrupción. Cuanta más transparencia en las administraciones públicas menos posibilidades de que los corruptos actúen.
-¿Está bien gestionado el dinero público?
-La eficiencia del gasto en algunos casos es mejorable. Las administraciones cumplen la legalidad pero en los aspectos de eficacia y eficiencia, ahí todo es mejorable. No solo aquí, sino en todas las administraciones del mundo.
-¿Debería la Administración reforzar sus controles para evitar irregularidades en adjudicaciones públicas?
-Lógicamente las administraciones tienen que reforzar su control sobre las adjudicaciones. Es importante que las inspecciones se extiendan al máximo posible y tengan más control tanto sobre los fondos para formación como sobre cualquier otra cuestión.
-¿Por qué se están destapando ahora tantos casos de corrupción? ¿Son menos honrados los políticos que antes?
-No hay que pensar que toda la clase política es corrupta. Probablemente antes había corrupción, ahora la hay, probablemente más, pero tanto antes como ahora hay gente en política absolutamente honesta. Lo que hay que hacer es un esfuerzo entre todos, pero especialmente los partidos políticos, para detectar y denunciar a aquellas personas que sin escrúpulos cometen actos de corrupción. Los partidos tienen que reforzar la lucha contra la corrupción, tratando de detectar los casos que tengan allí donde gobiernan y luego la justicia debería ser más ágil para que los casos no se eternicen.
-¿Debería el Consello de Contas fiscalizar a los partidos en Galicia?
-No puede. Eso ya lo hace el Tribunal de Cuentas. Yo ahí creo que también es necesario, como ya defendí hace diez años, modificar la legislación sobre la financiación de los partidos. Desde entonces hubo ya dos modificaciones. Yo creo que igual que hace falta transparencia en las instituciones, debe haber transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos.
-¿Cómo puede ser independiente Contas si entre sus conselleiros se encuentran excargos políticos?
-Contas es un órgano absolutamente independiente. Yo fue conselleiro con Fraga y secretario xeral del PPdeG. Eso no me resta independencia. Una vez me nombran conselleiro de Contas soy consciente de mi obligación de actuar con absoluta independencia y con abstracción de mi adscripción política. Así, me di de baja del partido. La prueba de la independencia de este órgano es que a pesar de estar formado por exmilitantes del PP, el PSOE y el BNG todos los informes se aprueban por unanimidad.
