La mayor causa de corrupción abierta en Galicia, la operación Pokemon y su rama coruñesa Pikachu, con más de un centenar de cargos públicos, funcionarios y empresarios e imputados, corre el riesgo de quedarse finalmente en nada. La anulación del proceso planea también sobre la instrucción en manos de la juez Pilar de Lara, que como en el caso de Estela San José, instructora de la supuesta trama de las multas de tráfico en Lugo y la operación Rei, no envió a reparto la investigación derivada de otro proceso ya en curso, la operación Carioca de tráfico de drogas y prostitución.
Desde hace meses abogados de imputados en la causa, ya advertían de errores en la instrucción. La defensa del primer teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, imputado por supuesto tráfico de influencias y cohecho, y de otros dos trabajadores municipales pidieron el mes pasado la nulidad de las actuaciones al entender que "toda la instrucción está viciada".
Los abogados advierten de que tanto en la operación Pokemon como su en su rama coruñesa debía haberse "deducido testimonio, haberse mandado al decanato y que este decidiese a qué juzgado iba".
Preguntado esta semana el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, por si en la Pokemon puede acabar dándose carpetazo por un defecto de forma, no lo descartó ya que la defensa, según apuntó, tratará de "hacer valer esta argumentación" -que la instructora no sometió el proceso a reparto- y así traten de conseguir "réditos procesales".
Para evitar que las causas de delincuencia compleja se "alarguen excesivamente", el fiscal superior de Galicia propuso tras la entrega de la memoria judicial de 2013 a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, la aplicación del "principio de oportunidad reglada" y así poder "desprender del núcleo duro de corrupción" aquellos asuntos que se podrían considerar "bagatelas penales", lo que permitiría llevar "cuanto antes" a juicio a ese núcleo duro y evitar así que el caso se vuelva "ingobernable".
