El Ministerio de Hacienda publicó ayer por primera vez de forma individual la relación de ayuntamientos y diputaciones provinciales que respetan o incumplen la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que fija los límites de gasto de la administración local. Según este lista, 25 concellos gallegos ha incumplido con los objetivos de estabilidad por excederse en el gasto, por lo que ahora tendrán que presentar un plan de ajuste económico-financiero y someterse a un control más exhaustivo por parte del Gobierno central. Entre los municipios gallegos que se encuentran en esta situación figura el de A Coruña, que es también la única ciudad de Galicia que no ha pasado el examen. Otros cuatro concellos pertenecen a la provincia de Pontevedra: Catoira, Gondomar, Lalín y Vilanova de Arousa.
Esta supervisión se hace desde hace años, pero hasta ahora Hacienda nunca había identificado públicamente a los ayuntamientos y diputaciones incumplidores con los objetivos de estabilidad. Es más, ni siquiera indicaba cuántos de ellos había por comunidad autónoma. Sin embargo, esta política ha cambiado este año y ayer difundió el listado de todos los ayuntamientos de España con la calificación que el Ministerio de Hacienda pone a cada uno en base a las liquidaciones presupuestarias del año 2013 según la propia información que enviaron las administraciones locales.
Así, Hacienda identifica como ayuntamientos que "no cumplen" con los objetivos de estabilidad presupuestaria -con los ajustes propios de la contabilidad nacional- a los concellos de A Coruña, Arteixo, Dodro, Padrón, Pontedeume, As Pontes, Toques y Vilasantar en la provincia de A Coruña; Catoira, Gondomar, Lalín y Vilanova en la de Pontevedra; Beade, Calvos de Randín, Castrelo de Miño, Gomesende, Larouco, Lobeira y Punxín en la de Ourense; y Barreiros, Láncara, Meira, Pol, Trabada y Triacastela en la Lugo. Otros tres no están calificados porque no remitieron al Gobierno información sobre su liquidaciones presupuestarias: Rodeiro, A Pastoriza y O Vicedo.
Los demás ayuntamientos de Galicia sí figuran con la calificación de "cumplen", los mismo que las cuatro diputaciones provinciales.
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Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que estos municipios incumplidores con los objetivos de estabilidad tienen ahora la obligación legal de presentar un plan de ajuste económico-financiero por excederse en los límites de gasto y superar los ingresos, pues así lo establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Como Galicia tiene competencias de tutela financiera sobre las entidades locales, los 25 concellos gallegos deberán entregar sus respectivos planes a la Xunta, que a su vez enviará toda la información y los resultados del seguimiento al Ministerio de Hacienda. Además, estos programas de ajuste se remitirán también, para su conocimiento, a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
En todo caso, el número de administraciones locales que excedieron el límite de gasto en los presupuestos de 2013, según fuentes de Hacienda, es sensiblemente inferior al de ejercicios anteriores. Tanto en Galicia como en el conjunto de España.
En total son 773 entidades locales las que incurrieron en saldo negativo en sus presupuestos, una quinta parte de las cifras registradas en 2010, cuando fueron 3.559. En consecuencia, aumentaron también las administraciones locales que cerraron sus cuentas en positivo hasta las 6.413, dando como balance global un superávit de 7.271 millones de euros.
"Esta destacada evolución se ha conseguido gracias al importante esfuerzo realizado por las entidades locales, a las medidas de consolidación fiscal que se han adoptado y también por la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012, que ha permitido un mayor control de las cuentas públicas y un seguimiento riguroso de la ejecución presupuestaria", argumenta el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro, quien insiste en que el cambio de tendencia se produjo a partir del año 2012.
La evolución más positiva se produce en la mayoría de entidades locales, de forma más significativa en diputaciones, consejos y cabildos insulares y en municipios incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales (los que cuentan con más de 75.000 habitantes o son capital de provincia o comunidad autónoma).
Los ayuntamientos del País Vasco y Navarra así como las diputaciones forales no figuran en este informe de Hacienda, puesto que se rigen por un sistema financiero distinto.
