Varapalo judicial al gobierno de la capital de Galicia

La dimisión de otra concejal imputada en Santiago apuntilla el gobierno municipal del PP

Rebeca Domínguez deja el concello enfrentada al alcalde, que se aferra al puesto »"Seguiremos al frente de este barco", anuncia Currás »Los siete ediles condenados abandonan sus cargos solo "por imperativo legal"

04.06.2014 | 02:22
La dimisión de otra concejal imputada en Santiago apuntilla el gobierno municipal del PP

Una vez que un miembro del cuerpo comienza a gangrenarse, los médicos optan por amputar. Y si es de un tajo, mejor, para comenzar a recuperarse y evitar que la infección se extienda. De forma similar se han producido los acontecimientos en Santiago, que un día después de que una condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación forzase la dimisión de siete concejales, registró un nuevo adiós. La edil de Xuventude e Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, imputada en el caso Pokemon, comunicó ayer al alcalde su renuncia, que se hará efectiva en breve y supondrá la puntilla para el ejecutivo. En una semana, el grupo de gobierno del PP en la ciudad acumula nueve bajas -se suma la del concejal Adrián Varela de la semana pasada- de sus 13 miembros, en una crisis sin precedentes. A pesar de ello, el alcalde, Ángel Currás, se aferró ayer al cargo. "Seguiremos al frente de este barco, porque hay que asegurar la gobernabilidad y es el momento de duplicar el esfuerzo y entregarse más", declaró.

Domínguez sopesaba decir adiós en las últimas semanas por su mala relación con el regidor, por lo que una vez que puso sobre la mesa esa posibilidad, el partido le abrió las puertas para realizar una "limpieza total", según fuentes del partido. En estos momentos, Currás es el único edil imputado -por el caso Pokemon y el presunto acoso a un policía local-, que cuenta en su gabinete con solo tres concejales electos.

Unas horas antes de que Domínguez le comunicase su decisión, Currás reconocía, como publicó este diario, que fichará concejales no electos para su equipo, pues en la lista electoral del PP no cuenta con nueve personas dispuestas a acceder al ayuntamiento. "No estamos confirmado incorporaciones, estamos hablando y conociendo su parecer", indicó sobre el resto de miembros de la lista tras asegurar que no habían analizado esa opción aún porque creían en la inocencia de los siete condenados. Tendrán algunos nombres entre hoy y mañana.

Domínguez accedió al concello en 2012 en sustitución de Gerardo Conde Roa, condenado por defraudar 291.000 euros, y a los tres meses intervino en la renovación de la gestión de una escuela infantil a una filial de Vendex, epicentro de la presunta red de pago de sobornos que investiga el caso Pokemon. Su relación con Currás fue pésima desde el principio, pues llegó a declarar que fue el propio alcalde -al que relevó en la Concejalía de Educación- quien modificó un presunto un informe para endosarle esa decisión. El regidor respondió abriéndole la puerta de la dimisión por su imputación, aunque luego rectificó.

Dos horas antes de que trascendiese la decisión de Domínguez, cinco de los siete ediles condenados comparecieron ante la prensa para leer un comunicado pactado en el que anunciaban su recurso e "inapelable disconformidad" con la sentencia y una condena "desproporcionada", así como su agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y al alcalde, "incluso después de la sentencia". Cuando la prensa les preguntó si apoyaban en lo que resta de mandato a Currás, alegaron en que ya no ostentan un cargo público.

Sin embargo, los cinco concejales -comparecieron María Pardo, Cecilia Sierra, Francisco Noya, Juan de la Fuente y Amelia González y se ausentaron María Castelao, de baja, y Luis García Bello- aseguraron que abandonaban su escaño "por imperativo legal", en alusión a la reforma de la ley electoral de 2011 en la que se obliga a dimitir a cargos públicos condenados por determinados delitos, como la prevaricación, aunque la sentencia no sea firme.

Tampoco resultaron claros los ediles cuando se les preguntó si dejarían la militancia del PP. "Se aplicarán los estatutos en sus términos exactos", declaró Pardo, insinuando que no entregarán el carné del partido hasta que la sentencia sea firme. El secretario xeral de los populares, Alfonso Rueda, declaró que "mientras la sentencia no sea firme no se tomará ninguna decisión definitiva", si bien también anunció que el comité de Derechos y Garantías del partido analizará el caso la semana que viene y podría acordar su expulsión.

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