El Parlamento ha aprobado este martes la nueva ley del Consello Consultivo de Galicia con los votos favorables del PPdeG y el PSdeG, la abstención del BNG y el rechazo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que ha considerado que se hace "una transmutación sustancial" del órgano asesor.
El pleno de la Cámara gallega ha validado la nueva norma, que fija que tres de los cinco miembros electivos serán elegidos por el Parlamento y los otros dos por el Consello de la Xunta, mientras que serán los propios integrantes del Consultivo quienes escojan a su presidente.
El órgano extiende ahora sus funciones a las entidades locales y a las universidades y fija en 30.000 euros el mínimo para hacer informes en materia de responsabilidad patrimonial de la administración autonómica y en 15.000 euros, en el caso de la local. Precisamente, este es uno de los aspectos que ha rechazado la portavoz de AGE en el debate, Yolanda Díaz, y con el que la representante del BNG, Tereixa Paz, ha argumentado, en parte, su abstención, al entender que es "excesivamente restrictivo".
Por parte del PPdeG, la diputada Paula Prado ha replicado que esta limitación, transaccionada con el PSdeG, "tiene una lógica", puesto que 30.000 euros son la cantidad mínima que la legislación vigente requiere para "ir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)".
Tanto Paz como la portavoz del PSdeG en el debate, Beatriz Sestayo, han reconocido "el gran esfuerzo" en el trámite de ponencia para acercar posturas y "la capacidad de consenso excepcional del PP", que ha permitido "suavizar muchos aspectos". La socialista, que ha indicado que se han admitido o transaccionado la mitad de sus enmiendas, ha pedido a los populares que "tomen nota" y apliquen esta actitud a otras leyes.
En cualquier caso, ha añadido Sestayo, el PSdeG ha mantenido cinco enmiendas para el debate en pleno y ha reclamado "dotar al Consello Consultivo de más y mejores medios para su función". La diputada ha valorado como "fundamental" que los miembros del órgano "no sean elegidos a dedo" por la Xunta porque "la independencia se garantiza de esta forma mucho mejor". "El órgano controlado no puede imponer al órgano controlador", ha justificado.
Además, ante las críticas de Díaz respecto al perfil profesional que se requiere a los miembros --estima que se introduce "una transmutación" del órgano y un "sesgo" hacia profesionales del derecho público--, Sestayo ha defendido la transacción alcanzada por su grupo con el PP, que no hace referencia a la titulación necesaria y pide diez años de experiencia en un "cargo, función o actividad profesional" relacionada con el derecho público.
DEBER DE SECRETO
La representante de AGE ha mantenido también su rechazo a la redacción del artículo que se refiere al deber de secreto "porque incorpora la censura". "Es inaudito y no se recoge en la normativa de otros consejos consultivos que el deber de secreto se extienda más allá de la deliberación", ha protestado y ha asegurado que no se permitirá a los miembros pronunciarse en público sobre asuntos que trate o de los que tenga conocimiento el Consultivo.
Prado ha replicado que "los miembros del propio Consello deciden si un miembro puede pronunciarse o no" sobre un tema que se está tratando en el seno del órgano. Además, frente a la petición del BNG de limitar a un año el plazo para que un expresidente del Gobierno gallego se incorpore al Consultivo, la diputada del PPdeG ha objetado que "la experiencia de un expresidente de la Xunta no caduca" y es también "enriquecedora" la que obtenga si pasa a la empresa privada o a un puesto de funcionario al abandonar el cargo.
PUERTA GIRATORIA
Paz ha considerado que permitir la entrada en el Consultivo solo en el año posterior a cesar como presidente permitiría "empezar a poner freno a la puerta giratoria" entre los cargos públicos y el sector privado. La nacionalista ha criticado también que no se aceptase su enmienda para limitar las retribuciones de los miembros del órgano asesor (proponía establecer un salario máximo equivalente al de un secretario xeral) y que no sean preceptivos los informes en caso de modificación urbana sobre suelos de especial protección.
La portavoz de los populares ha resaltado "la voluntad de lograr un consenso" de su grupo para aprobar la ley con una amplia mayoría y ha destacado que se introdujeron modificaciones en 13 de los 28 artículos del texto y en aspectos "que no son menores". Entre otros puntos, se ha referido a la transacción con una enmienda del Grupo Mixto para promover la paridad en el Consultivo.
Prado ha reivindicado que con la tramitación de esta norma "quedó alejado el fantasma del informe Cora" --documento estatal para la reforma de la administración-- y se ha reforzado "la institución" y "el autogobierno".
