A última hora, el PP trató de sumar al PSdeG a su dictamen sobre la Lei do Solo y lograr así un consenso que blindase en parte una norma que ha sido modificada en múltiples ocasiones durante la última década, pero no lo logró. El grupo mayoritario del Parlamento ofreció a los socialistas aprobar el "100%" de su dictamen como una enmienda adicional al suyo para desbloquear el desencuentro sobre esta regulación e iniciar la fase final de tramitación sobre un documento que la Consellería de Medio Ambiente define como "no cerrado".
El diputado popular Román Rodríguez justificó su mano tendida de última hora en la última reunión de la comisión parlamentaria sobre la nueva Lei do Solo destacando las "enormes coincidencias" entre el documento de su grupo y el que defendió el socialista Xosé Sánchez Bugallo, mientras que calificó de "alejadas de la realidad" las planteadas por AGE y BNG. "En un proceso de diálogo todos tenemos que ceder algo y no nos podemos permitir el lujo de posturas inmovilistas", alegó Rodríguez, según informa Europa Press.
El propio conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se puso en contacto con Bugallo para ofrecerle aprobar el dictamen socialista alegando la sintonía común en sus "filosofías", según fuentes de este departamento.
Bugallo, sin embargo, descartó el pacto. En primer lugar, criticó el propio proceso de tramitación de la ley y su contenido, por lo que considera necesaria una "enmienda a la totalidad" para partir de cero. "El texto es tan malo que hay que devolverlo y pedir otro", espetó antes de reclamar orientar la legislación hacia mejorar la construcción existente ante las 300.000 viviendas vacías de la comunidad tras la burbuja del ladrillo y reprochó la invasión de competencias municipales.
La nueva Lei do Solo pretende reducir el entramado legal actual y agilizar cuestiones como la tramitación de los planes urbanísticos municipales, que podrían ser aprobados en tres años de media y no en seis. Además, abre la vía para legalizar numerosas minas y canteras sin licencia que estuviesen en funcionamiento antes de enero de 2003 o levanta la prohibición de partir fincas situadas en suelo rústico, entre otros aspectos.
AGE y BNG se mostraron radicalmente en contra de la nueva norma. Por parte del primer grupo, el diputado Antón Sánchez considera que "repite los errores del pasado" y compara el texto con la Ley del Suelo del Gobierno de José María Aznar (PP) que facilitó la conversión en urbanizable de la mayor parte de solares. "Con esta reforma, el PP pretende el saqueo del medio rural gallego para favorecer el negocio de empresas mineras y energéticas", espetó.
Por su parte, Ana Pontón, del BNG, tachó la tramitación del texto de "paripé democrático" y denunció que defiende un modelo basado en "legalizar destrozos urbanísticos" y en "atacar el rural". Como alternativa, la diputada apostó por respetar el "patrimonio edificado" y garantizar "unos mínimos de calidad urbana", así como una clara diferencia entre competencias de la Xunta y los concellos.
