La justicia ha dado la razón a una pontevedresa afectada por la decisión del Ministerio de Fomento de eliminar las subvenciones para pagar las cuotas de la hipoteca y obliga a la Xunta a volver a tramitar su solicitud de ayuda, al tiempo que advierte que es el Gobierno quien debe realizar la aportación económica. Se trata de la primera sentencia en Galicia que respalda las reclamaciones presentadas por los afectados a los que les denegaron la prórroga para seguir subsidiando sus préstamos hipotecarios.

En los anteriores planes de vivienda del Ministerio de Fomento, se daba la opción a los futuros compradores de pisos protegidos de solicitar una subvención para rebajar la cuota que mensualmente deben pagar por su hipoteca. Sin embargo, en 2012 el Gobierno aprobó un decreto que suprimía estas ayudas de cara al futuro y eliminaba la posilidad de que se prorrogasen las que ya se estaban otorgando cuando se cumpliera el plazo de cinco años desde el inicio de su concesión.

Esto supone que aquellos propietarios de vivienda protegida que compraron su piso en 2008 y que tenían que prorrogar la ayuda en 2012 se quedaron de repente sin la subvención y obligados a abonar mensualmente una cuota superior a la que tenían prevista.

En Galicia se formaron incluso plataformas de afectados -hay una en Vigo, donde están la mayoría de los perjudicados, y otra en A Coruña- y decidieron recurrir a la justicia.

Entretanto, la Xunta que era la encargada de tramitar estas ayudas se comprometió a buscar soluciones para las familias que se quedaran sin la ayuda y "se encontraran en situación de exclusión social".

Sin embargo, la propia Consellería de Medio Ambiente hizo pública ayer una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra respaldando por primera vez en Galicia la demanda de una afectada. Según informa el departamento de Agustín Hernández, la sentencia anula la resolución por la que se le denegaba la prórroga de la subsidiación del préstamo y obliga a la Xunta a "resolver sobre el derecho solicitado por la demandante de acuerdo con la normativa de aplicación", al tiempo que indica que es el Ministerio de Fomento "el que, en su caso, viene obligado a dar cobertura económica a las ayudas de que se trata".

El juez se basó en que el decreto aprobado por Fomento establecía que la supresión de estas ayudas solo afectaba al Plan de Vivenda 2009-2012 y, por lo tanto, no atañe a los que compraron el piso en 2008. Aunque posteriormente el Gobierno publicó un escrito interpretativo aclarando que no se prorrogarían más subvenciones independientemente del marco temporal, el juez no lo considera válido.

La Xunta defiende que esta sentencia le da la razón en el sentido de que no es el Gobierno autonómico el responsable del pago de estas subvenciones sino el Ministerio de Fomento y reduce su papel a gestionar y tramitar las solicitudes.

Una vez conocida esta primera sentencia, el Instituto Galego de Vivenda e Solo estudiará los casos en los que se encuentran los afectados para evaluar las medidas a adoptar por parte de la Administración autonómica.