"Hacienda debe perseguir los grandes fraudes, no a emigrantes con pensiones del extranjero"

-Lo primero que hay que saber es el país de origen de esa pensión para ver las condiciones que establece el convenio con España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal. Este es el que determina si esa prestación debe declararse en el país de origen (del subsidio) o en el de residencia. Habrá que evaluar país por país. Si el convenio determina que la tributación debe hacerse en España, se aplicarán las normas del impuesto de la renta.

-Muchas gestorías y asesorías les dijeron que no tenían la obligación de declarar esa otra pensión...

-Pese a esa desinformación no queda una prueba de que ese criterio se haya emitido por la Agencia Tributaria. No sé cómo se han emitido estos requerimientos (desde Hacienda). Lo normal es que se emitiera un requerimiento de verificación de obligaciones formales que da la opción al contribuyente de presentar declaraciones voluntarias y, por tanto, sin sanción. Si no cumple, eso puede iniciarse un proceso de comprobación que ya sí implica una infracción y acarrea una sanción.

-¿A cuánto puede ascender?

-Los importes de las pensiones por lo general no son elevados. Si la pensión es de 5.000 euros anuales no supondrá un gran impacto en la declaración de un jubilado, salvo que tenga otros ingresos más abultados.

-Algunos afectados denuncian que les toca pagar más de 20.000 euros por cuatro años...

-Puede tratarse de casos muy singulares, personas con rentas muy altas porque tengan arrendamientos o perciban ingresos de otro tipo que hacen que se dispare el tipo progresivo. Es muy difícil establecer una media de lo que toque a pagar porque va a depender de la pensión que perciba del extranjero, los años cotizados, su categoría laboral y los ingresos que perciba en España. Lo correcto sería invitar a los afectados a presentar declaraciones complementarias.

-¿Debería salvarse de la multa si declaran su pensión del extranjero?

-Tiene que dar la oportunidad de que presenten voluntariamente unas cantidades que a lo mejor desconocen que tienen que tributar. Eso ya se ha hecho en un caso que nosotros criticamos en su día: las cuentas opacas de Suiza. Una gran cantidad de ciudadanos tenían depósitos en la entidad suiza HSBC y en 2010 se les permitió presentar declaraciones voluntarias. Hacienda ingresó por ello 260 millones, una cantidad infinitamente más alta que la que puede recaudar por las pensiones del extranjero. En el caso de las cuentas en Suiza había claros indicios de haber cometido una evasión tributaria importante, y sin embargo esas personas se han ahorrado la imputación por delito fiscal y las sanciones porque se les notificó la apertura de un proceso de verificación de obligaciones formales, invitándolos a declarar de forma voluntaria. Hay una gran diferencia: en el caso de las cuentas de Suiza había ánimo de defraudar, mientras que el de los emigrantes no se actuó de mala fe. Sería un tratamiento muy injusto que a los gallegos retornados se les impusiera una sanción.

-¿Debería reforzarse el control sobre las grandes empresas?

-Indudablemente. Si mantenemos el control tributario en base a discrepancias entre la información que aparece en la base de datos tributaria y las declaraciones de la renta, siempre van a ser llamadas las personas con pocos recursos, que no tienen un gabinete contable detrás. Si uno va a una oficina de la Agencia Tributaria se da cuenta del perfil del medio del investigado: un contribuyente de escasos recursos. Para perseguir estas pequeñas irregularidades se están dedicando el 80% de efectivos, pero no estamos dedicando los mayores esfuerzos a los fraudes sistemáticos que comete las multinacionales y grandes compañías, a las que se dedica solo el 20% de la plantilla.

-¿Hacienda actúa con el mismo empeño contra las grandes corporaciones o corruptos que envían dinero a Suiza?

-Desde luego que no. Desde hace tiempo pedimos que se desplace la investigación del pequeño contribuyente hacia el grande. Aún no se ha hecho.

-¿Qué deben hacer ahora los pensionistas afectados?

-Presentar la declaración voluntaria desde 2008 para evitar la sanción. La infracción grave, que acarrea multa, es por no presentar la declaración completa. Esa infracción acarrea una sanción porcentual, y en el caso de que no dé lugar a ingresar se traduce en una multa de 150 euros. Si no se presenta, se inicia una comprobación y si resulta a ingresar, la multa mínima es del 50% de lo defraudado. En este caso, si hay conformidad del interesado, tendrá un 30% de descuento y si además ingresa en el plazo dado tiene otra reducción del 25% de la sanción.