El arbitraje impulsado con los afectados por la mala comercialización de los híbridos de capital en las entidades nacionalizadas fija como prioridad, entre otros criterios, a aquellos que cuenten con menos dinero retenido. Por debajo de 10.000 euros. ¿Eso significa que la venta está justificada en general cuando las cantidades fueron mayores? El juzgado de Primera Instancia número 4 de A Coruña deja claro que no. Que la capacidad adquisitiva relevante de un cliente puede ser una "simple circunstancia", como en el caso en el que acaba de ordenar a Novagalicia la devolución de 549.000 euros en preferentes. La sentencia, la de cuantía más elevada hasta el momento, insiste en lo que vienen apuntando el casi centenar de resoluciones emitidas desde el estallido de la polémica, en la ausencia de información adecuada y del análisis de la idoneidad del comprador para estos complicadísimos productos financieros.
La venta se realizó el 16 de septiembre de 2009 en una oficina de Caixa Galicia. El mismo día en que el denunciante firmó un contrato de depósito y administración de valores, sin que haya constancia, según el fallo, de que "se le entregara con anterioridad" el tríptico informativo sobre las características de los títulos que estaba adquiriendo, ni tampoco "que se le efectuara el test de idoneidad o conveniencia". La operación sumaba 630 participaciones por un valor de 630.000 euros. En febrero de 2011, el cliente logró vender 81 preferentes y redujo el volumen atrapado en 80.594 euros.
Frente a la acusación de que la responsable de la oficina le había ofertado un producto rentable que permitía disponer del dinero si avisaba con unos días de antelación y que era una inversión "segura" , el director de zona de banco -que aseguró haber intervenido en la venta- sostuvo durante la vista que el propio cliente llegó pidiendo las preferentes, que su perfil era de inversor con "posiciones de tres o cuatro millones" de euros, con "reuniones previas e información". Y que pasó el test reglamentario, el Mifid.
Lo que ya no pudo contestar el director de zona es porque el test está fechado con posterioridad al contrato. Concretamente, mes y medio. "Después también -añade Jaime Concheiro, de Caamaño, Concheiro & Seoane Abogados, encargado del caso- le hicieron firmar un documento en el que aparece como conocedor del producto y que aunque no es conveniente para él acepta los riesgos".
En ese baile de fechas hace especial hincapié el juez. "No se entiende", apunta. "¿Acaso no debería hacerse ese reconocimiento y prestación de la información oportuna -cuestiona- con anterioridad a la suscripción de las participaciones?". La sentencia destaca que las pruebas "no revelan otra cosa que no sea, efectivamente, la nula experiencia inversora del accionante y la total inadecuación del producto para "él". "Sin que a ello sea obstáculo la simple circunstancia de que pose una situación económica muy desahogada -continúa-, con acciones y depósitos bancarios de cuantía muy importante (en la entidad demandada, según parece, de tres o cuatro millones de euros), acciones y fondos en el banco Santander y BBVA, pues no se ha acreditado de forma alguna que haya operado con productos financieros complejos de alto riesgo".
Precisamente, en una de esas otras entidades, el Santander, el denunciante, que fue antes de su jubilación el responsable de una sociedad, descubrió lo que realmente había comprado. "Daba la sensación durante el juicio que el banco intentaba apelar a la legitimidad moral por su nivel económico -señala Jaime Concheiro-. Eso no tiene nada que ver con una mala praxis bancaria". Por esa misma razón, el abogado cree que la sentencia abre paso a otras demandas similares. "Sienta un precedente muy importante", apunta.
108.000 euros
En Vigo, otra sentencia a favor de un matrimonio de un jubilado y una ama de casa insta a NCG a reintegrar 108.000 euros y los intereses legales. La operación incluye tanto preferentes como deuda subordinada, que se vendieron, según el bufete Colón Abogados, como un plazo fijo. El juez reitera a nulidad del contrato por la ausencia de conocimientos y el abuso de confianza de la entidad.
Pleno a puerta cerrada - La presión de los afectados por preferentes obligó ayer a la Diputación de Pontevedra a celebrar su pleno a puerta cerrada, con el compromiso además de su presidente y líder del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, de solicitar una entrevista con el ministro De Guindos y el acuerdo unánime de todos los partidos de exigir la retirada de las quitas. En el organismo provincial de A Coruña, las plataformas también acudieron ayer a su sesión plenaria para reclamar su dinero.
