Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera irrumpieron ayer en el ayuntamiento de Lugo para proceder a varios registros autorizados por la juez Pilar de Lara en el marco de la operación Pokémon. Durante las pesquisas, los agentes realizaron un "volcado informático" de datos de varios ordenadores del consistorio, alguno de ellos en la propia área de Alcaldía, en el grupo socialista, el área de Personal o el departamento de tráfico.
El registro, que se suma a otros anteriores realizados en el consistorio, comenzó poco después de las ocho de la mañana cuando los agentes accedieron al consistorio acompañados por la secretaria del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, del que es titular De Lara, y que investiga una red de pagos de favores a políticos en la que ya están imputadas más de una treintena de personas. Entre ellas, el propio regidor socialista de Lugo, Xosé López Orozco, el alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), y varios ediles, y el exregidor de Ourense Francisco Rodríguez; o Adolfo Gacio, exalcalde de Boqueixón. Los dos últimos dimitieron precisamente tras su imputación,
Orozco no se encontraba ayer en el ayuntamiento lucense. Al estar de viaje, el regidor en funciones, Luis Álvarez, enmarcó la operación "en la absoluta normalidad", si bien reconoció que obligó a aplazar a hoy la reunión de la junta de gobierno.
La actividad administrativa del concello, aseguró Álvarez, se realizó "con normalidad" durante toda la jornada. El regidor en funciones eludió aclarar "por el principio elemental de prudencia" opinar sobre qué buscaban los agentes.
Fuentes judiciales, citadas por la agencia Efe, revelaron ayer que la juez que instruye el caso decidió prorrogar de nuevo el secretario de sumario un mes más. La decisión de De Lara fue plasmada en un auto fechado el 18 de abril que ha sido notificado ya a las partes.
El registro de las dependencias del consistorio lucense provocó también reacciones políticas. El portavoz local del PP, Jaime Castiñeira, lamentó que "la imagen pública de Lugo siga deteriorándose" como consecuencia de la operación Pokémon. A pesar de mostrar su máximo respeto a las actuaciones judiciales, declaró que el registro supone "otra mala noticia" para Lugo.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Antón Bao, reclamó "agilidad en la resolución de los casos" abiertos en la ciudad para conocer "definitivamente" los sucedido. En su opinión, es necesaria diligencia para "despejar cualquier duda" y determinar "quién es culpable y quién inocente".
