El juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo ha rechazado la petición de la Fiscalía para imputar al expresidente de la Diputación y exsenador del PP Francisco Cacharro Pardo en la denominada Operación Muralla, abierta en mayo de 2006 para investigar una supuesta trama de corrupción en la institución provincial.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe informaron de que, siete años después de que trascendiese a la opinión pública esta investigación judicial, las "diligencias se encuentran muy avanzadas", lo que podría llevar al cierre de la fase de instrucción de este caso cuando el Juzgado que se hizo cargo de la causa reciba los últimos informes policiales.
De acuerdo con esos informes y con las diligencias practicadas hasta este momento, la Fiscalía había solicitado al Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Lugo la imputación de Cacharro Pardo en la causa, pero según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a través de un comunicado, esa petición ha sido finalmente "rechazada".
La investigación judicial de la Operación Muralla había sufrido un parón de años motivado por el traslado del fiscal que se había encargado en principio del caso, Jesús Izaguirre, hasta que la semana pasada el actual fiscal jefe de Lugo, Javier Rey, comunicó que se habían reabierto las pesquisas relacionadas con la trama y que solo estaban pendientes de los últimos informes policiales.
El objetivo era investigar supuestas adjudicaciones irregulares de contratos durante la época en la que Cacharro Pardo presidió el organismo provincial.
No obstante, el Tribunal Superior de Xustiza comunicó ayer que la petición del fiscal de imputar en la trama a Cacharro Pardo había sido "rechazada". Con todo, todavía existe la posibilidad de que el fiscal del caso, Javier Rey, recurra la decisión de la titular del juzgado. Al respecto, ayer aseguraba que "de momento" va a "estudiar" esa opción.
Quien no quiso pronunciarse sobre la cuestión fue el propio interesado, el exsenador popular, quien declinó hacer comentarios sobre la decisión del juzgado y se limitó a decir que "nadie" le había comunicado "nada".
En su momento, la Operación Muralla implicó la detención de diez personas -entre ellas funcionarios de la institución provincial, como el entonces jefe de Vías y Obras de la Diputación y su predecesor en el cargo-, que fueron puestas en libertad, aunque en algunos casos tuvieron que depositar una fianza.
La investigación fue un terremoto mediático que salpicó a Cacharro Pardo, pese a que nunca estuvo imputado -solo declaró como testigo- y ocurrió en un momento álgido de su carrera al frente del ente provincial, que presidía desde 1983. Al año siguiente de que se hiciese pública la Operación Muralla, Cacharro Pardo perdería -también los populares, al presentar a otro candidato- un sillón que ocupó durante más de dos décadas.
La investigación judicial, coordinada por el entonces fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, siguió los indicios de la existencia de una supuesta trama de corrupción en la Diputación de Lugo para favorecer de forma sistemática con contratos públicos a una determinada empresa de ingeniería, presuntamente integrada por funcionarios del Servicio de Vías y Obras de la institución.
Además de la presunta adjudicación irregular de contratos por parte de la Diputación de Lugo a la firma Senén Prieto Ingeniería, la investigación también indagaba las compras de señalizadores para las vías de la provincia a otras dos compañías.
Durante las primeras indagaciones de la Operación Muralla se practicaron una docena de registros, el primero de todos ellos en el organismo provincial. Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos o falsedad documental son los presuntos delitos que el fiscal José María Izaguirre imputó en su momento a los detenidos.
