Talar unos simples árboles puede provocar un daño irreparable a un yacimiento arqueológico. De hecho, buena parte de los expedientes por denuncias que abrió la Dirección Xeral de Patrimonio en la provincia de Pontevedra tienen que ver con esta práctica llevada a cabo por las comunidades de montes, que a veces olvidan que tienen que contar con un permiso de la Xunta para cualquier intervención que tenga lugar en el entorno de un conjunto arqueológico.
Los castros, precisamente, son uno de los monumentos más vulnerables, a juzgar por que el número de denuncias que recibió la Xunta durante el año pasado por supuestas agresiones a estos monumentos representó el 11,4% del total. Con todo, entre los 307 expedientes de denuncias abiertos en 2012 por daños al patrimonio, el mayor protagonismo lo tuvieron las propiedades eclesiásticas, tanto iglesias como cementerios, en un 18% de los casos.
El Camino de Santiago, que contaba con el muy discutible honor de liderar la lista de los más agredidos en años anteriores, todavía aparece en posición destacada, el segundo lugar, con 12 de cada cien expedientes. La ruta que más preocupaciones genera es el Camino Francés y no por casualidad, ya que se trata de la más transitada por los peregrinos. La Xunta tuvo que abrir 39 expedientes de denuncia para analizar supuestas agresiones a carteles, vertidos, talas ilegales o, en muchos casos, edificaciones que no contaban con la licencia pertinente de patrimonio al ubicarse en el contorno de protección de la ruta.
Según la Consellería de Cultura, los concellos, además de las autoridades eclesiásticas y vecinos -sobre todo debido a la construcción de tumbas en los cementerios anexos a los templos parroquiales, dentro de su contorno de protección- y los particulares son los principales autores de las agresiones que motivan la apertura de expedientes de denuncia.
No obstante, durante el año pasado la Consellería de Cultura solo abrió medio centenar de expedientes sancionadores, por lo que apenas una sexta parte de los casos denunciados suscitaron la apertura de un proceso más complejo que pudo concluir en multa, desde un mínimo de cien euros hasta un máximo de 60.000. La cuantía más alta tuvo que abonarla, explican desde Cultura, un "particular".
A veces, por su complicación, un expediente no puede resolverse el mismo año en que es abierto. Así, aunque Cultura incoó en 2012 un total de 50 expedientes sancionadores, de ese año solo resolvió 23, pero a ellos hay que sumarles otros 39 de años anteriores.
