Hasta esta semana algunos dirigentes populares solo sonreían pícaros cuando se les mencionaba el nombre de Pikachu, el principal personaje de la serie de dibujos animados Pokémon. La cantidad de estos en este serial fue lo que llevó a la Policía a bautizar con ese nombre una de las investigaciones sobre corrupción que más largos tiene sus tentáculos y que ya ha salpicado a los tres principales partidos de la política gallega: PP, PSdeG y BNG. Los populares contaban solo con el alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, implicado en un caso que le costó el puesto, pero asistían al desgaste socialista en Lugo y Ourense, donde el regidor Francisco Rodríguez se vio obligado a dejar el cargo. La operación, sin embargo, ha salpicado ya ahora a un peso pesado de los conservadores. El regidor de Santiago, Ángel Currás, está también imputado y la Alcaldía de la ciudad, décadas ansiada por el partido, ofrece escándalo tras escándalo.
Las alegrías que hasta ahora había dado la Pokémon al PP se han transformado en un quebradero de cabeza que podría desencadenar en una situación insólita y propiciar el segundo relevo en la Alcaldía de la capital gallega en menos de dos años por problemas judiciales, después de que Gerardo Conde Roa impusiese como sucesor a Ángel Currás tras dimitir por ser investigado por quedarse y no declarar 291.000 euros del IVA de la venta de 61 viviendas. La edil Rebeca Domínguez sustituyó a este último como edil de Educación y cinco meses después de llegar al puesto se vio imputada. El nuevo regidor también se encuentra ahora en esta situación por tráfico de influencias.
Juez mediática
El año ha empezado mal para el PP, aún en una nube tras aumentar su mayoría absoluta en octubre y ante los problemas internos de PSdeG y BNG. Si Currás ha sido imputado -"una canallada", en opinión de algún compañero de corporación-, el exbarón ourensano José Luis Baltar ha recibido una querella por prevaricación por parte del fiscal jefe provincial.
La Pokémon está dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, una estrella mediática que no se ha andado con miramientos a la hora de imputar a más de una treintena de personas en el marco de esta investigación. Entre ellos, los citados alcaldes y un edil del Bloque en la ciudad de As Burgas, Fernando Varela.
El caso amenaza con extenderse por todas las provincias tras haberse gestado entre copas y pocas luces en la barra de un prostíbulo. El local Queen's es el epicentro de varias tramas turbias. Ahí nació la operación Carioca sobre explotación de mujeres que implicaba a empresarios y policías. Era también asiduo del local, según los testimonios judiciales, Jorge Dorribo, presunto cerebro de la trama Campeón sobre pago de favores a cambio de ayudas públicas que ha implicado a José Blanco, exministro de Fomento.
De Lara es la juez que en 2009 abrió esa investigación. En ese caso percibió circunstancias extrañas. El empresario Javier Manuel Reguera era un simple cobrador de la ORA que prosperó poco a poco y empezó a facturar grandes cantidades gracias a pelotazos urbanísticos en Lugo. Era íntimo de uno de los personajes claves del caso: el ex edil en Lugo y ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, Francisco Hernández Liñares, acusado de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo. Ambos están en prisión.
Vendex, en todas las urbes
Ahí empezó a tirar del hilo y notó indicios delictivos a través de Liñares y alguna empresa del grupo Vendex, cuyo presidente, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, también fue detenido y casado de cohecho y tráfico de influencias. El grupo mantiene contratos de concesiones municipales en múltiples ayuntamientos de todo signo (Ourense, Lugo, A Coruña, Boqueixón, Arteixo...), pero de momento solo se han producido detenciones e imputaciones en cuatro.
Lugo fue el primer escenario de la trama, donde están imputados el ex coordinador de la Policía Local y el encargo de la grúa municipal. De Lara sospecha que se produjeron sobornos, entre otros a Liñares, para beneficiar a Vendex. El alcalde, el socialista Xosé López Orozco, ha sido imputado cuatro veces.
En Ourense una filial de Vendex logró varios contratos, primero con el PP y luego con el bipartito, que provocaron la detención de Francisco Rodríguez, al que la juez cree que entregaron relojes valorados en miles de euros para favorecer esos contratos. Salió de prisión tras pagar 6.000 euros fianza y su partido le exigió su dimisión, abriendo una brecha que aún no se ha cerrado. También fueron imputados Varela, exedil de Seguridad, y el antiguo jefe de Policía.
A la lista de empresarios detenidos en O Carballiño, Ourense, Santiago y Vigo, Ponferrada e incluso Asturias, se unió un funcionario de la capital gallega, ahora escenario principal de una investigación que arrancó el año pasado.
El alcalde compostelano, Ángel Currás, y su jefe de gabinete están imputados por tráfico de influencias y han abierto el riesgo de que Compostela conozca a un tercer regidor en menos de dos años. Además, ha evidenciado la guerra fría entre los populares de la capital, con el bando de afines al regidor enfrentado al de la diputada Paula Prado, despechada por no haber sido elegida como sustituta de Conde Roa. Pikachu ya no le hace gracia a ninguno de los grandes partidos gallegos, pues el PP no parece muy dispuesto a forzar a dimitir a Currás. Solo lo hará si la juez, como en el caso de Gacio, impone una fianza, una estrategia más laxa que la mostrada cuando el PP era oposición al bipartito.
