La Asociación Eólica de Galicia (EGA) celebró ayer la decisión de la Xunta de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que suspendió las primas a las energías renovables, pero advierte que sin un marco de retribuciones justo -que está en fase de elaboración por parte del Gobierno central-, los proyectos peligran por falta de capacidad financiera para afrontar las inversiones. "Es positivo que la Xunta entienda que, sin una retribución razonable, el sector eólico no tiene capacidad para desarrollar sus planes de negocio. Es positivo que la Xunta tome las riendas y que intente buscar con el Gobierno ese régimen retributivo justo", valora la patronal eólica de Galicia en un comunicado, en el que se también se da la bienvenida al Ejecutivo autonómico por posicionarse, "por fin", a favor de las tesis que EGA defendió siempre.

La patronal sostiene que resulta "lamentable" llegar al extremo de presentar un recurso al Constitucional y que por parte del Gobierno no se reconozca el problema que causó su real decreto. Y confía que antes de resolverse el recurso, que puede durar años, se acuerde una retribución razonable para el sector.

En veinte días, la Xunta ha tenido dos claros gestos de apoyo al sector eólico tras meses en los que no respondía a las demandas de la patronal (EGA), que se quejaban del vuelco que, por la crisis, habían sufrido los proyectos adjudicados del concurso, como la supresión de las primas por parte del Estado, el cobro del Impuesto de transmisiones a cargo de la Xunta, las dificultades para obtener préstamos con los que financiar la construcción de los parques y sus planes industriales asociados y la falta de un nuevo marco retributivo para el sector eólico que fije lo que percibirá por los diversos conceptos cada productor de energía eléctrica.

El anunciado ayer tiene un hondo calado político, porque si bien supone defender los postulados del sector al reclamar la reposición de las primas a las energías renovables, supone abrir una confrontación con el Gobierno de Rajoy por mucho que Feijóo hablara de "divergencias cordiales".

Con el recurso al Constitucional se está cuestionando en fondo y forma la eficacia y justicia de una medida aprobada en Consejo de Ministros y además el pulso le llega nada menos que de una comunidad donde el PP acaba de revalidar la mayoría absoluta, ampliándola además, y convirtiendo a Núñez Feijóo en un referente político nacional. Se trata además del primer conflicto serio abierto entre la Xunta y el Gobierno desde que Rajoy asumió el mando, si bien el Ejecutivo gallego no retiró el recurso, cuando el PP ganó la generales, por el que reclama al Estado el pago de 800 millones de euros correspondientes al sistema de financiación.

El otro gesto se produjo el 9 de octubre, al comprometerse, también Feijóo, a rebajar las cargas fiscales que tendrán que pagar los promotores por construir los parques eólicos. La propuesta del Gobierno autonómico consistió en modificar la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que supondrá una reducción muy significativa con respecto al importe del tributo establecido inicialmente, que rondaba los 44.000 euros por megavatio (algo más de un millón de euros por un parque medio). La Xunta mantiene este impuesto, pero aminora su impacto.